El Obispado de la Santísima Concepción de Tucumán comunicó oficialmente la decisión del Papa Francisco de expulsar del estado clerical a Justo José Ilarraz, sacerdote condenado en 2018 a 25 años de prisión por los abusos cometidos contra menores en un seminario de Paraná. Según el comunicado, la medida fue tomada tras el proceso administrativo penal llevado adelante por el Tribunal Interdiocesano Bonaerense y elevado posteriormente al Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
El documento detalla que el caso de Ilarraz fue tratado bajo las disposiciones del Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Una vez analizado el recurso presentado por el acusado, la Congregación para la Doctrina de la Fe decidió trasladar la resolución final al papa Francisco, quien dispuso su expulsión del estado clerical. La diócesis de la Santísima Concepción expresó su compromiso con las víctimas y condenó “toda clase de abuso”. También afirmó que la decisión se enmarca en la búsqueda de justicia y reparación para los afectados.
El proceso eclesiástico que concluyó con la expulsión de Justo José Ilarraz del estado clerical comenzó tras las denuncias presentadas por las víctimas y los procedimientos judiciales que confirmaron su culpabilidad. Entre los testimonios más relevantes se encuentra el de Hernán René Rausch, quien fue el primer denunciante de los abusos perpetrados por Ilarraz en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo, en Paraná. Rausch, oriundo de Aldea Santa María, Entre Ríos, dirigió una carta al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en diciembre de 2022, en la que expuso su frustración ante la lentitud del proceso canónico y las irregularidades cometidas en instancias previas.
En su mensaje, Rausch destacó que, aunque la justicia civil había condenado al sacerdote a 25 años de prisión en 2018 tras un juicio iniciado en 2012, las instancias eclesiásticas parecían operar con demoras injustificadas. “Se continúa con esa perversa costumbre de dejar pasar el tiempo”, afirmó, y cuestionó lo que describió como una estrategia para dilatar resoluciones hasta que los implicados fallecieran. Según su testimonio, esta actitud reflejaba una falta de voluntad para garantizar transparencia y verdad en el tratamiento de los casos.
