Una niña de 12 años, perteneciente a un pueblo originario de la zona de Tartagal, atraviesa un embarazo de cinco meses y permanece a la espera de que la Justicia resuelva si corresponde realizar la interrupción legal del embarazo (ILE). La familia acudió a la Ciudad Judicial para pedir asistencia.
Según relató Marcela Calerma, quien acompañó el caso, desde la Fiscalía y la Defensoría Oficial les informaron que la menor “será amparada legalmente” y que deberá someterse a estudios médicos para determinar su estado de salud y el riesgo que implica continuar con la gestación.
De acuerdo con lo informado a la familia, la práctica de interrupción se realizará únicamente si el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud integral de la niña.
En caso contrario -según comunicaron desde los organismos judiciales- se permitiría que la gestación continúe, pese a la corta edad de la menor.
La niña, identificada como A. S., declaró que su voluntad es continuar con el embarazo. Su madre también permanece acompañándola en el proceso.
La situación generó un profundo impacto emocional: la niña incluso llegó a encadenarse en las primeras horas de la mañana, en medio de la tensión y la incertidumbre sobre su futuro inmediato.
Mañana a las 18 está previsto un turno médico con la doctora Guzmán, donde se realizarán los estudios que definirán el camino judicial.
El embarazo infantil como una vulneración de derechos
El caso abre un debate urgente sobre la protección de niñas y adolescentes, especialmente dentro de comunidades originarias donde suelen registrarse mayores barreras de acceso a derechos, denuncias y acompañamiento estatal.
En Argentina, todo embarazo infantil es considerado una violación de derechos humanos y, desde la perspectiva de salud y género, se asume que siempre entraña un riesgo para la vida y la salud física y emocional de la niña. Por esa razón, las guías nacionales y los estándares internacionales sostienen que la interrupción del embarazo debe garantizarse sin obstáculos cuando se trata de víctimas de abuso sexual, tal como contempla el artículo 86 del Código Penal y los fallos de la Corte Suprema.
La edad de la menor -12 años- refuerza la presunción de abuso sexual, independientemente de las circunstancias o la existencia de vínculos afectivos previos.
Toda relación con una persona adulta constituye delito por la imposibilidad legal de consentimiento.
Organizaciones de derechos humanos y especialistas en salud sexual advierten que los embarazos en niñas son situaciones de extrema vulnerabilidad y que el Estado debe asegurar acompañamiento integral, contención psicológica, traducción intercultural cuando corresponda y acceso sin obstáculos a la interrupción legal del embarazo.
La definición judicial que se tome en Tartagal será clave no solo para la situación de la menor, sino también para marcar un precedente respecto al cumplimiento efectivo de los derechos reproductivos en Salta.