La Fiscalía de Distrito de Salta imputó a ocho internos del penal federal de General Güemes y a una mujer por tráfico de drogas agravado. En la audiencia, se denunció la presunta complicidad del Servicio Penitenciario Federal y se ordenó el traslado de los acusados.
Tras una investigación iniciada hace un año y medio por la fuga de un preso, el ingreso de drogas y el constante secuestro de celulares, la Fiscalía de Distrito de Salta, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, imputó a ocho internos del Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes, y a la mujer de uno de ellos, como acusados de integrar una organización que comercializaba estupefacientes a gran escala dentro de esa cárcel federal. En el marco de la audiencia de formalización, y en línea con lo requerido por los representantes del MPF, se les impuso prisión preventiva a todos ellos, se ordenó su traslado a otras unidades y se mencionó la “gravedad institucional” del caso, por la presunta “complicidad” del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
“Lo que está sucediendo en el Complejo Penitenciario Federal NOA III es de una enorme e inusitada gravedad institucional, sin embargo, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal parecen no haberlo notado. Bajo sus narices, o bien con su complicidad, la droga corre de un extremo a otro del penal”, dijo la auxiliar fiscal Roxana Gual, al fundar la imputación de ocho internos.
La audiencia de formalización de la investigación se realizó el jueves pasado ante la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, quien coincidió en que se trata de un “caso de mucha gravedad” y puso énfasis en la supuesta “connivencia del Servicio Penitenciario Federal”.
La fiscal general adjunta, Mariana Gamba Cremaschi, también intervino en la imputación contra los nueve acusados, que quedaron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por ser cometido en un centro de detención.
En la audiencia, la jueza hizo lugar a las imputaciones seguidas contra los internos Rubén Ángel Rodríguez, alias “El Patrón”, como presunto organizador del delito; y como coautores, a Eusebio Juan Antonio Bilaja (cumplía prisión domiciliaria), César Eduardo Acosta, Marcelo Javier Fragapane, Ezequiel Maximiliano Toledo, Rodrigo Alejandro Villareal, Miguel Hernán Olmos y Franco Emanuel Chaile, (aunque a este último, aún no se le determinaron vínculos con los otros acusados).
A ellos se le suma Analía Ivana Astigueta, la pareja del presunto líder -Rodríguez-, quien fue detenida en la ciudad de Orán, en calidad de coautora.
La jueza dictó también la prisión preventiva de todos los imputados y dispuso el traslado a otras unidades carcelarias, ya que la fiscalía pidió que no vuelvan al penal federal de General Güemes, ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación, pues desde allí podrían influir para frustrar el caso.
La misma medida de coerción fue ordenada respecto a Bilaja, quien cumplía prisión domiciliaria en Orán. También a instancia de las representantes del MPF, la investigación fue declarada compleja dada su magnitud.
En cuanto a la autorización de medidas probatorias, la jueza dio curso a pericias a cientos de celulares secuestrados y dispuso el levantamiento del secreto bancario de los imputados y el congelamiento de cuentas bancarias de Astigueta y otros internos.
El inicio de la investigación
Al presentar el caso, Gamba Cremaschi y Gual destacaron que la investigación tuvo como punto de partida la fuga protagonizada el 1° de enero de 2024 por Cristián Ruiz Díaz, un condenado por narcotráfico del conurbano bonaerense. El interno huyó del penal federal con un alicate que empleó para abrirse paso por los alambrados perimetrales. Luego -con apoyo externo- escapó por la parte posterior, sin que hasta el momento haya podido ser recapturado.
Para la fiscalía, tanto en esa fuga como la venta de droga interna y la gran cantidad de celulares incautados a los internos -más de 250 desde que se inició el caso- solo se explica con la “complicidad” no solo de personal sino también de los “jefes” del SPF a cargo de esa unidad.
En función de ello, el MPF inició las actuaciones preliminares el 6 de febrero del 2024, las que avanzaron con una serie de prórrogas debidamente fundadas y autorizadas por la jueza Giménez hasta el 1° de abril pasado, cuando se pudo individualizar a los presuntos integrantes de la organización narcocriminal que operaba a gran escala dentro del penal.
Los prontuarios de los acusados
Al momento de fundar las medidas de coerción, la fiscalía reforzó el riesgo de entorpecimiento de la investigación, resaltó la gravedad del hecho, pidió tener en cuenta las prerrogativas de la Ley de Reiterancia e hizo un análisis de los antecedentes penales de cada uno.
El siguiente es el detalle de las causas de cada acusado:
- Rodríguez: cumple una pena de 8 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado, en calidad de organizador, impuesta el 6 de septiembre del 2022 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Salta.
- Bilaja: por el mismo caso y como coautor, está condenado a 6 años y 6 meses de prisión. Fue beneficiado con la prisión domiciliaria con pulsera electrónica, por un cuadro de soriasis aguda.
- Acosta: tiene un proceso penal pendiente que data del 18 de abril del 2024, en una causa por la Ley de Drogas.
- Fragapane: fue condenado por la jueza Giménez el 30 de enero pasado, a 7 años y 7 meses de prisión por transporte de estupefacientes.
- Toledo: cumple una pena de 10 años de prisión por secuestro extorsivo doblemente agravado, en perjuicio de un empresario del transporte local, impuesta por el TOF 2 el 6 de febrero del 2023.
- Villareal: registra una condena de 3 años de prisión por el delito de robo y hurto, dictada el 21 de marzo de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Olmos: cumple una pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de tenencia de drogas con fines de comercialización, impuesta por el TOF de Tucumán el 16 de diciembre del 2024.
- Chaile: fue condenado el 2 de marzo del 2023 por el TOF 1 de Salta a 3 años de prisión por transporte de estupefacientes.
Por último, en el marco del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, aprobado por la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional, se solicitó que Rodríguez sea incorporado bajo este protocolo, cuya definición quedará bajo decisión del SPF.
