Se trata de Nicolás Mendioroz Juncosa, quien fue acusado por estafa y administración fraudulenta. De acuerdo con la investigación, el imputado habría utilizado más de USD 170.000 en operaciones con criptomonedas
La Justicia de Salta espera el traslado desde Australia de Nicolás Mendioroz Juncosa, investigado en una causa por presuntas estafas y administración fraudulenta vinculadas con inversiones en bitcoin. El acusado estaba prófugo desde 2022 hasta que, finalmente, fue localizado al otro lado del mundo.
Luego de que fuera detenido en el país oceánico, se confirmó que el acusado será trasladado el próximo jueves 15 de octubre. Está previsto que las autoridades australianas entreguen al detenido a Interpol, para que pueda ser transportado hasta la capital salteña.
Según indicaron fuentes oficiales, Mendioroz Juncosa fue declarado fugitivo luego de haber dejado la provincia en 2022, poco antes de una audiencia de imputación. Desde entonces, sobre él pesaba una orden de captura nacional e internacional.
Uno de los damnificados afirmó a El Tribuno que en 2021 el acusado administraba más de USD 170.000 que habrían sido destinados a operaciones con criptomonedas. A raíz de este testimonio, la investigación contempló imputaciones por estafa y administración fraudulenta, entre otros delitos.
En línea con esto, los denunciantes sostuvieron que el acusado permaneció fuera del alcance de la justicia durante varios años gracias a que se habría llevado el dinero producto de las estafas. No obstante, su localización en Australia reactivó el procedimiento para que vuelva a quedar a disposición de los tribunales salteños.
Mientras se llevaba a cabo el trámite de extradición, la defensa de Mendioroz Juncosa había solicitado que no fuera trasladado en condición de detenido y que pudiera regresar por sus propios medios para presentarse ante la justicia.
De acuerdo con la información obtenida por Informate Salta, la familia del acusado también había ofrecido un inmueble como caución real. Sin embargo, los damnificados se opusieron a ese pedido y reclamaron que se mantenga el mecanismo dispuesto por la justicia salteña.
Tras exigir que se cumplan las medidas de rigor solicitadas por la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, los denunciantes reprocharon la actitud de la familia de Mendioroz Juncosa. “Este hombre pertenece a la que se hace llamar ‘gente de bien’ y sus vínculos con el poder de estos círculos no son necesarios enumerarlos”, indicaron.
“Nunca se presentó ante los requerimientos de la justicia local, se fugó y no dio señales de vida ni propuso solución de nada”, expresaron varios de los damnificados. Incluso, plantearon que “seguramente estaba esperando la prescripción de la causa para regresar triunfal a Salta”.
“Desde el 2022 estamos esperando una respuesta sobre nuestro dinero”, manifestaron los damnificados al asegurar que el trabajo de la Interpol les “abrió una ventana de esperanza” para conseguir justicia por las pérdidas denunciadas.
Financiera ilegal en Salta: la condenaron por 48 hechos de estafa y deberá indemnizar a las víctimas con $35 millones
Una mujer fue condenada en Salta a tres años de prisión condicional tras admitir su responsabilidad en 48 hechos de estafa ligados a una financiera ilegal que ofrecía rendimientos semanales de hasta 60%. Además, deberá pagar $35 millones en nueve cuotas como compensación económica.
La condenada es Patricia Jimena Vidaurre, quien llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC). El juez Nicolás Rodríguez Pipino homologó el acuerdo durante una audiencia de revisión de prisión preventiva.
La investigación comenzó en agosto de 2025, luego de que varias personas denunciaran haber entregado dinero a “Inversiones Alyson”, una firma que, según la acusación, operaba sin autorización. La propuesta incluía rendimientos semanales de entre 40% y 60% sobre las sumas aportadas.
Las operaciones se coordinaban principalmente mediante grupos de WhatsApp. El dinero se recibía en efectivo o a través de transferencias bancarias, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Salta.
Al comienzo, los inversores cobraron los rendimientos prometidos. Esa dinámica habría generado confianza entre los participantes, que incrementaron sus aportes y recomendaron la operatoria a otras personas. Con el tiempo, los pagos se demoraron hasta que se interrumpieron, al igual que la comunicación con quienes reclamaban sus fondos.
La UDEC reunió denuncias, comprobantes de transferencias, capturas de conversaciones y documentación vinculada con “Préstamos e Inversiones Alyson”. Por este motivo, también requirió información a bancos y entidades financieras sobre las cuentas utilizadas para recibir el dinero de las víctimas.
Vidaurre fue detenida el 28 de agosto de 2025 junto con su pareja y el hijo de este. No obstante, los otros dos implicados todavía no fueron juzgados y su situación procesal continúa en trámite.
Los allanamientos se realizaron en Salta capital y Rosario de Lerma. En esos procedimientos se secuestró documentación y se dispuso la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales asociadas a la acusada.
Como parte del acuerdo, Vidaurre deberá abonar $35 millones en nueve cuotas. Uno de sus inmuebles seguirá embargado hasta que se cancele la totalidad de la suma comprometida.
También deberá cumplir reglas de conducta durante tres años para mantener la libertad, entre ellas, fijar y mantener actualizado un domicilio, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de alcohol, no cometer nuevos delitos y realizar tareas de limpieza semanales en una dependencia policial cercana a su domicilio.