El acceso a carreras terciarias públicas dentro de las cárceles salteñas comenzó a discutirse en una mesa técnica convocada por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado provincial. La reunión permitió analizar las condiciones necesarias para implementar el Proyecto Fénix, una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de formación de las personas privadas de la libertad y favorecer su reinserción social y laboral.
La propuesta contempla tecnicaturas de tres años de duración, instrumentadas mediante convenios entre instituciones y orientadas a la autogestión y el empleo.
Uno de los criterios previstos es que las especialidades elegidas no presenten impedimentos legales para el posterior ejercicio profesional de quienes obtengan su título.
El proyecto se encuentra en una etapa preliminar de consultas. Antes de avanzar con el dictamen, los legisladores y los equipos técnicos acordaron continuar las reuniones con las áreas competentes para precisar su viabilidad operativa, presupuestaria y pedagógica.
Formación y oportunidades para la inserción
Durante el encuentro, el supervisor de Educación Superior, Luis Colque, destacó el papel de la educación y el trabajo en la construcción de oportunidades para las personas privadas de la libertad. Señaló que la mayoría proviene de familias de muy bajos recursos y planteó que ofrecer capacitación gratuita constituye una responsabilidad colectiva para acompañar la reinserción y contribuir a evitar la reincidencia.
La supervisora Carina Puente, por su parte, expuso los aspectos que deberán resolverse para poner en marcha las carreras, entre ellos la elaboración de planes de estudio con validez nacional, la asignación de recursos y la disponibilidad de espacios adecuados tanto para las clases como para las prácticas profesionalizantes.
También se analizaron las condiciones particulares de las cursadas dentro de los establecimientos penitenciarios. Entre ellas, el costo de proveer bibliografía impresa ante la imposibilidad de utilizar dispositivos digitales conectados, los criterios de selección de los postulantes y la capacidad de las aulas para responder a la demanda.
Límites y lista de espera
La coordinadora de Educación en Contextos de Encierro, Adriana Liendro, describió el alcance del servicio vigente en cárceles provinciales y nacionales, alcaidías y granjas penales de Salta y el interior. Según explicó, las unidades carcelarias cuentan con educación primaria y secundaria, además de cursos de oficios a través de propuestas de educación no formal.
La situación es distinta en las alcaidías, donde la cobertura se limita al nivel primario, con la excepción de Tartagal, que dispone de secundaria mediante un anexo de un Bachillerato Salteño para Adultos. En los dispositivos de menores, en tanto, interviene un equipo itinerante que recorre los centros del Valle de Lerma.
Liendro precisó que en el penal de Villa Las Rosas funcionan cinco aulas y que este año egresarán alrededor de 50 estudiantes. Para el ingreso a primer año se registraron 70 inscriptos y quedó una lista de espera, mientras que un aula anexa en la Unidad Carcelaria N.º 4 brinda atención educativa a 20 mujeres. En el nivel superior, la funcionaria remarcó que no existen tecnicaturas públicas en esos establecimientos. La oferta formal se limita a un aula satélite vinculada con ciencias de la comunicación, acordada con la Universidad Nacional de Salta, y a los estudios a distancia que 25 internos costean en universidades privadas.
De la reunión participaron los senadores Alejandra Navarro, Dani Nolasco, Leonor Minetti, Gonzalo Guaymas y Walter Cruz, junto con los representantes del área educativa y la licenciada Judith Liendro.
El intercambio puso sobre la mesa la necesidad de coordinar las decisiones de las autoridades educativas y de seguridad para que la propuesta pueda concretarse.