Con la declaración de peritos de la fiscalía, funcionarios y exinternos del penal se reanudó hoy el juicio contra veinte personas involucradas en una organización narcocriminal que presuntamente operaba en la Unidad Carcelaria 1. Entre los acusados hay funcionarios del Servicio Penitenciario, reos y familiares.
La causa se inició a partir de denuncias anónimas radicadas en la Fiscalía de Derechos Humanos, en las cuales se aseveraba que personal del penal de Villa Las Rosas solicitaba sobornos a cambio de beneficios para los internos (salidas transitorias, cambio de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa) o para facilitar el ingreso de elementos prohibidos (celulares, cargadores, comida, bebida) y sustancias estupefacientes.
En primera instancia declaró hoy un sargento de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos Complejos, quien tuvo a su cargo la elaboración de informes basados en videos de las cámaras de seguridad, extracciones de celulares secuestrados y transcripciones de escuchas.
El testigo mostró secuencias de un video registrado por las cámaras fijas del penal. En ellas se observa a un efectivo del Servicio Penitenciario ingresando tres cajas con pizzas por la oficina de Atención al Ciudadano, lugar donde se realiza el empadronamiento de las visitas que concurren al penal. El funcionario se dirige luego a la zona de ingreso a pabellones. Allí aparece en escena un interno con quien tres agentes comparten las pizzas.
El perito también expuso información extraída de los celulares secuestrados a los imputados. Se refirió a los contactos agendados, imágenes de las galerías y registros de llamadas de whatsapp. En el informe se observa que algunos de los agentes implicados tenían el contacto de una mujer (madre de un interno) señalada como nexo externo para la venta de drogas.
Otro dato aportado por el testigo fue la transcripción de una llamada realizada por un reo a su cuñado (dueño de una carnicería) para pedirle que le mande un pernil a la cárcel, para que el personal del Servicio Penitenciario le acelere algunos beneficios.
Seguidamente declaró un exinterno del penal de Villa Las Rosas, actualmente alojado en la unidad carcelaria de Cerrillos por razones de seguridad. El testigo habló del ingreso de drogas y del tráfico de beneficios. Sostuvo que una vez vio a uno de los jefes implicados entregar un celular a un detenido. Indicó que otro de los agentes imputados recibía dinero a cambio de subir las notas de conducta y de permitir las visitas íntimas.
El testigo confirmó que uno de los internos acusados en la causa era el encargado de distribuir la mercadería que ingresaba irregularmente a la cárcel. Dijo que primero comenzó vendiendo repisas y otros elementos para las celdas. Pero luego “el Servicio lo agarró de piloto” y empezó a comercializar otras cosas, como carne cruda y drogas. “Es una mafia”, manifestó. Agregó que este interno tenía un teléfono y admitió que él mismo llegó a comprar drogas y manipular un celular mientras estuvo en la Unidad Carcelaria 1. Conseguía lo que buscaba mediante transferencias bancarias que sus conocidos realizaban desde el exterior.
El testigo contó que después de declarar en la fiscalía, en enero de 2024, el jefe de Seguridad Interna del penal lo mandó encerrar sesenta días en una celda por hablar en contra del Servicio Penitenciario.
Seguidamente declaró un exinterno de la unidad carcelaria. Relató que estuvo detenido allí cuatro años, desde 2021, y que pasó por tres pabellones.
El joven refirió que comenzó a drogarse dentro del penal y que “no era difícil conseguir las sustancias”. “Le preguntabas a cualquier interno y te daban un alias o un CBU adonde tenías que enviar el dinero. Eran distintos números de cuenta”, sostuvo.
Dijo que, en su caso, compraba la droga con transferencias que hacía su mamá. Explicó que él le mentía diciéndole que la plata era para comprar elementos de carpintería. Se comunicaba con ella a través de un teléfono azul que había en los pabellones.
El testigo sostuvo que nunca supo quiénes eran los titulares de las cuentas bancarias y que a las sustancias se la entregaban distintas personas, compañeros de detención.
El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez(presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario acusados son Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García.
Están denunciados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Los otros implicados (internos y familiares) están siendo juzgados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.
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