El ex intendente de Aguaray fue beneficiado con la prisión domiciliaria el 21 de julio pasado. La medida no podía hacerse efectiva hasta que se le coloque una tobillera electrónica, pero como no hay stock, este lunes lo mandaron a su casa.
A más de cinco años del escándalo por el robo de caños en Aguaray, que tuvo gran trascendencia nacional, el ex intendente de ese municipio, Jorge Enrique Prado, condenado a seis años y seis meses de prisión en 2021, finalmente pasará el tiempo que debía estar en la cárcel, en la comodidad de su casa.
Prado fue llevado a juicio junto a su ex secretario de Hacienda, Fredy Céspedes,
los empresarios Diego Alos y Adrián Vera, Andrés Ayala, de la firma PERTERSER S.R.L., Matías Rossi, de COMARFIL SA, Miltón Saavedra y Bruno Degoy, de MyP y Servicios Especiales, Cristián Buczek, empleado de Vera y Dante Rodríguez.
Todos fueron juzgados por el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Abel Fleming, Domingo Batule y Gabriela Catalano, quienes dieron su veredicto el 16 de diciembre de 2021, instancias en que Prado fue condenado, al igual que Alos, 6 años de prisión, Vera con 3 años y 8 meses, mientras que el resto fueron absueltos, aunque luego, en marzo de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución de Ayala, condenándolo a 2 años y 6 meses de prisión condicional, mientras que Rossi recibió una pena de 1 año de prisión.
La condena recaída sobre Prado fue por el delito de robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda de 228 caños del Gasoducto GNEA, una obra pública que tenía previsto beneficiar a 1.700.000 personas del noroeste y noreste argentino, pero que resultó frustrada por estos robos.
Desde que fue imputado, en 2020, hasta que fue condenado y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena, el 14 de mayo pasado, Prado estuvo en libertad, condición que pretendía mantener hasta fin de su sentencia.
A la cárcel
Esa pretensión, sin embargo, fue desechada a partir de un planteo del fiscal general Eduardo Villalba, quien llevo adelante el caso desde su inicio. Sucede que, en una audiencia, del 27 de mayo, el fiscal rechazó el pedido del ex jefe comunal de Aguaray, asistido legalmente por el abogado Fernando Teseyra.
La defensa alegaba que Prado es el único que provee el sustento económico de su familia. Reveló que su cliente trabaja de manera remota para una firma, a la que presta servicios sobre aspectos de logística y recursos humanos. Añadió como otro argumento el supuesto “apego” que tendría con un hijo menor de edad, quien padece una discapacidad. Su pedido, cabe señalar, fue acompañado por la Asesoría de Menores, la que hizo alusión a informes interdisciplinarios realizados en torno a la situación del niño y su familia.
En este caso, el tribunal no acompañó el planteo defensivo, rechazándolo en base a los argumentos esgrimidos por la fiscalía, la que reveló que los reportes psicológicos aludidos, en realidad, revelaron que el niño tiene un estrecho vínculo o situación de “apego” con su madre.
Aclaró que Prado estaba separado de su pareja, quien cuida al niño en una vivienda de la ciudad de Salta junto a otros familiares, por lo que cuenta con la contención necesaria, tanto económica como afectiva.
Resaltó el grave daño causado por el exintendente al comandar el saqueo de caños de una obra declarada de interés nacional, con una construcción del 80% y de la cual solo restaban 130 kilómetros en esa provincia. “Más allá de estos números, hay que recordar que, desde el minuto cero, los vecinos vieron cómo se cometió el delito, vieron los camiones con los caños robados, supieron que todo fue obra de su propio jefe comunal, al que habían elegido”, dijo el fiscal, para luego dejar una pregunta al aire: “¿Acaso ahora también lo verán irse a su casa, como si nada sucedió?”, remarcó.
Poco más de dos meses
Desde ese momento, y hasta este lunes, Prado pasó poco más de dos meses en una celda del Complejo Penitenciario Federal de General Güemes, pues el 21 de julio pasado, en otra audiencia, esta vez ante la jueza Marta Snopek, ya con funciones de Ejecución y Sentencia, le otorgó al ex intendente el beneficio de la prisión domiciliaria, prácticamente por los mimos argumentos ya expuestos por su defensor.
La variable tuvo que ver con una decisión tomada por el tribunal que lo mando a la cárcel, pues ordenó que, mientras esté preso, se le provea de una notebook parta que siga con su trabajo remoto y así pueda ganarse el sustento familiar.
Esta disposición, sin embargo, fue de imposible cumplimiento, pues desde el complejo penitenciario informaron que no estaba contemplado la provisión de una computadora portátil, un espacio exclusivo para trabajar y mucho menos la red Wifi.
En vista de ello, la jueza Snopek resolvió acceder al pedido del defensor, quien, de esta manera, ganó la pulseada nuevamente, aunque la decisión quedó sujeta a que primero se le coloque a Prado una tobillera o pulsera electrónica, lo que tampoco se pudo hacer, ya que no hay stock.
Ante esta demora, este lunes 18 de agosto, se dispuso trasladar a Prado a su casa, en un barrio de esta ciudad, a fin de que cumpla su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, algo que, al parecer, está de moda, al menos, entre varios intendentes condenados.
