En un marco de tensión sin precedentes sobre los haberes de jubilados y jubiladas, y la oposición por el veto a la nueva ley de movilidad que garantizaría un aumento menor al 7%, se conoció que más de 5 millones de jubilados y pensionados se encuentran bajo la línea de la pobreza. El dato corresponde a un informe de la Defensoría de la Tercera Edad.
Según la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de un jubilado rondaría los $800.000 mensuales, mientras que la jubilación mínima en agosto de 2024 fue de $225.497,54. Aún con el bono de $70.000, que eleva el ingreso a $295.000, continúa siendo un número muy por debajo de lo que se necesita en el país para cubrir los gastos básicos.
Sin embargo, esta situación empeora ya que se suman 500.000 personas que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, y un millón de personas con pensiones no contributivas que perciben solo $220.000 mensuales.
En este sentido, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, reveló que la situación económica de los jubilados se observa en la malnutrición que sufren muchos de ellos.
Incluso, aseguró que entre el 80% y el 90% de los adultos mayores sufren de hipertensión y problemas de colesterol, pero sus jubilaciones les impiden acceder a los alimentos necesarios para cuidar su salud. Además, este grupo enfrenta dificultades para comprar medicamentos y pagar servicios básicos como la calefacción, lo que contribuye a un deterioro general de su calidad de vida.
Cabe recordar que el Ejecutivo anunció el viernes que Javier Milei vetará la sanción del Senado del proyecto de ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1% y aseguró que esa norma “tiene como único objetivo destruir el programa económico”.
En un comunicado difundido en redes sociales, la administración del mandatario indicó que “el presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”.
Además, remarcó: “El Congreso Nacional en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria”.
