En un cruce de datos entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Servicio Penitenciario Federal, encontraron que 212 titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral se encuentran en situaciones judiciales (preso, procesado y condenado) que son incompatibles para poder recibir el beneficio.
El cruce de datos arroja resultados de todo el país y es un número que podría crecer, debido a que los servicios penitenciarios provinciales, tienen a la vez, sus propios datos acerca de los presos, procesados y condenados de cada jurisdicción.
Con esta información, se procedió a la baja directa de estos beneficiarios para devolver ese dinero a los contribuyentes, para un Estado más eficiente y con recursos destinados a quienes verdaderamente los necesiten.
