En el Día de la Pachamama, una coalición de organizaciones sociales, feministas y ambientalistas de Salta presentó un contundente reclamo al gobernador Gustavo Sáenz. La elección de esta fecha no fue casualidad; el Día de la Pachamama simboliza la conexión profunda con la tierra y el compromiso con su cuidado y protección.
Las organizaciones expresaron a través de dos presentaciones, su preocupación por el futuro del Ordenamiento Bosques en la provincia y los potenciales impactos negativos que podría acarrear la expansión de la frontera agropecuaria, una inquietud exacerbada por la implementación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), establecido bajo la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La actualización, realizada por el Comité Asesor de Revisión del OTBN de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, fue remitida a los integrantes del Consejo Asesor del OTBN, y ha sido objeto de duras críticas.
El RIGI, que fue adoptado por la provincia de Salta en el marco del Pacto de Mayo firmado el pasado 9 de julio, ha generado una ola de críticas y resistencia entre diversas organizaciones. Estas sostienen que el RIGI podría facilitar la deforestación y desprotección de áreas boscosas críticas, contraviniendo la Ley Nacional N°26.331 de Ordenamiento Territorial de Bosques. El documento, al que Nuevo Diario tuvo acceso exclusivo, subraya que el nuevo mapa propuesto para el OTBN permitiría el desmonte de hasta 721.568 hectáreas adicionales. Además, denuncia el cambio de categorización de áreas anteriormente protegidas, reetiquetándolas de rojo a amarillo y de amarillo a verde, lo que pondría en riesgo la biodiversidad.
Entre las áreas de preocupación se encuentra la zona del proyecto urbanístico de Los Maitines SA en las Yungas de San Lorenzo, que está bajo un proceso judicial. Esta área es estratégicamente vital debido a su importancia como reserva hídrica para la provincia. El hecho de que esta zona, junto con otras que han sido ilegalmente intervenidas, sea ahora candidata a una recategorización menos restrictiva es visto por las organizaciones como un “premio” a las acciones ilegales y de mala fe.
Por otro lado, el RIGI es criticado por su potencial inconstitucionalidad. Las organizaciones argumentan que este régimen infringe las competencias ambientales provinciales, que están protegidas por la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Además
El documento presentado por las organizaciones también destaca que la Ley de Bases y el RIGI no han tenido en cuenta las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, en contravención de compromisos internacionales como el Acuerdo de París. Además, la creación de la categoría marrón, no contemplada en la Ley Nacional de Bosques, ha sido criticada por su falta de transparencia y por facilitar la destrucción del medio ambiente. La preocupación es que las normas ambientales vigentes podrían perder eficacia frente a los intereses de grandes inversiones, favoreciendo el progreso económico sin considerar la justicia social y la protección del ambiente.
Amplia adhesión
Las organizaciones firmantes del reclamo incluyen a la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, la Fundación Cebil, la Fundación Entre Mujeres, el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, GEMA Fundación Género y Masculinidades, la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y CASA (Comunidad de Artistas de Salta), entre otras. Además, varias facultades y cátedras de la Universidad Nacional de Salta están evaluando la emisión de un comunicado en apoyo a esta causa.
Este movimiento no solo busca proteger el entorno natural, sino también resguardar los derechos de las comunidades indígenas, quienes han sido históricamente guardianas de los bosques y cuyo conocimiento es invaluable para la conservación y manejo sustentable de estos recursos. Las organizaciones insisten en que cualquier cambio en el OTBN debe hacerse con la participación activa y el consentimiento libre e informado.
