Luego de que la Sala II del Tribunal de Impugnación declarara nula la sentencia de junio de 2021 y ordenara se sustancie un nuevo juicio, los profesionales de la salud recibieron un nuevo fallo por el que dos de ellos resultaron condenados, en tanto los otros tres, absueltos de manera lisa y llana.
El fiscal penal de General Güemes, Gustavo Vilar Rey, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala V del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, en la nueva audiencia de debate contra los cinco médicos acusados por un hecho ocurrido el 18 de junio de 2015, en el hospital Joaquín Castellanos de General Güemes en el que un bebé nació sin vida.
En el veredicto, Jorge Barni García, quien entonces se desempeñaba como gerente general del hospital, y Marcelo Quiroga, como gerente de Atención a las Personas, fueron condenados a la pena de un año de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de dos años, por ser autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, se les impuso una serie de normas de conducta.
En tanto, Alejandro Cortéz Bellomo, entonces jefe de guardia, el anestesista Eduardo Villagra y el ginecólogo Roberto Francisco Farías, ambos de guardia el día de los hechos, fueron absueltos de forma lisa y llana del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Estos dos últimos tambien fueron absueltos de forma lisa y llana de los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud.
En idéntico fallo, el Tribunal hizo lugar a la demanda civil interpuesta por la querella, condenando solidariamente a Jorge García Barni, Marcelo Quiroga y la provincia de Salta a abonar la suma de $800.000 en concepto de daño moral, la cual deberá ser efectivizada dentro de los diez días hábiles a partir de quedar firme la sentencia, con más los intereses devengados desde el momento del hecho hasta el momento de su efectivo pago.
El hecho
El 18 de junio de 2015, Carlos Javier Argañaraz denunció que el día anterior, su esposa, Marta Eugenia Braga, que cursaba un embarazo de 38 semanas, con controles médicos de parámetros normales, llegó al hospital de General Güemes con contracciones y problemas de presión, pero por falta de anestesista, fue derivada a Salta, donde su bebé nació sin vida.
Los informes médicos y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) dieron cuenta que la paciente había sufrido desprendimiento de placenta, lo que causó que el bebé llegara sin vida y que hubo sufrimiento fetal, debido a que no se le practicó la cesárea de urgencia requerida, debido a la condición médica que presentaba la madre.
