Luis González, referente de Padres TGD TEA Salta, compartió con Nuevo Diario un preocupante balance del año que termina, marcado por una creciente incertidumbre para las familias de personas con discapacidad.
Entre los principales temas abordados, González destacó las quitas de pensiones no contributivas, las demoras en los nombramientos docentes en el sector público y la falta de actualización en los presupuestos para terapias.
El temor por la pérdida de pensiones no contributivas fue una de las principales preocupaciones durante 2024. González explicó que “las familias están alarmadas por las quitas masivas, ya que estas pensiones son esenciales para costear terapias y tratamientos”. Este panorama coincide con informes a nivel nacional a los que accedió este medio y que advierten una caída del 39% en los recursos asignados a pensiones para 2025, lo que afectará a cerca de 177.000 beneficiarios en el país
La situación de las obras sociales tampoco presenta un mejor panorama. Según González, muchas personas con discapacidad quedaron sin cobertura o deben esperar seis meses para acceder al sistema, un período crítico para quienes necesitan atención continua.
“El año es un desastre, se está produciendo un genocidio de las personas con discapacidad y de los jubilados, por lo que entendemos claramente que la casta somos nosotros”, enfatizó.
El sistema educativo en crisis
Otro punto crítico fue el acceso a la educación. González mencionó que muchas familias enfrentan dilemas sobre si optar por colegios públicos o privados, mientras persisten déficits en nombramientos de acompañantes escolares. “El caso del arquero Rodrigo Rey refleja una realidad recurrente, donde niños y jóvenes con discapacidad no encuentran espacios inclusivos en el sistema educativo”, afirmó.
Campañas de concientización y un pedido por el cambio cultural
A pesar de las preocupaciones de este presente, desde el sector continuaron levantando las banderas de campañas como “Más luces, menos ruido”, orientadas a promover el uso de pirotecnia de bajo impacto sonoro. “Este año, logramos que ciudades como Orán, Metán y Rosario de Lerma se sumen, pero seguimos apelando a la conciencia social para que estas fiestas sean inclusivas para todos”, destacó González.
Un futuro poco alentador para el sector
El empleo sigue siendo una deuda pendiente. “Es inconcebible que en pleno 2024, personas con discapacidad sigan perdiendo sus pensiones al intentar conseguir trabajo. Esto no solo desincentiva la autonomía, sino que perpetúa la exclusión”, remarcó el vocero de Padres TGD-TEA Salta.
Lo que se espera, tampoco es alentador. Desde las instituciones referenciadas con los derechos de la discapacidad anticiparon entre otras cosas que el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad sufrirá una caída acumulada del 40% en comparación con 2023, consolidando un escenario restrictivo
La situación se agrava con el Decreto 843/2024, que reintroduce requisitos considerados inconstitucionales para acceder a las pensiones, como demostrar la “disminución de la capacidad laborativa” y la ausencia de vínculos laborales o familiares que brinden sustento. Estas medidas, junto con una auditoría nacional cuestionada por más de 130 organizaciones, ponen en riesgo el acceso a derechos fundamentales para miles de personas con discapacidad.
A pesar de esto, González cerró con un deseo esperanzador: “Pedimos que 2025 sea un año de oportunidades, donde las personas con discapacidad no sean vistas desde el asistencialismo, sino como ciudadanos plenos con derecho a una mejor calidad de vida”.
Sin equidad ni transparencia
Los informes sobre la situación de la discapacidad en el país señalan que el presupuesto carece de un etiquetado transversal que permita identificar claramente las partidas destinadas a discapacidad, al tiempo que advierten que estos recortes profundizarán la exclusión social y económica de las personas con discapacidad.
Además, solo el 0,76% de los recursos se destinarán a programas que promuevan otros derechos, evidenciando una falta de enfoque integral en las políticas públicas.
La caída del presupuesto no solo representa un retroceso para las personas con discapacidad, sino que evidencia una política que prioriza el déficit fiscal sobre los derechos humanos. Este presupuesto, que se perfila como el más bajo en servicios sociales desde 2010, requiere un debate urgente y acciones concretas para revertir el impacto negativo en una de las poblaciones más vulnerables del país.
En ese marco, ANDIS enfrenta el desafío de garantizar derechos básicos en un escenario de restricciones presupuestarias sin precedentes.
