Ayer se aprobó una iniciativa que habilita arrestos, sube sanciones económicas y amplía el control en la vía pública sobre los “cuidacoches”
Con el impulso del jefe de Gobierno, Jorge Macri, la Legislatura porteña aprobó ayer una reforma del Código Contravencional para endurecer las sanciones contra cuidacoches y limpiavidrios. También habilitará detenciones, con penas que van desde los 10 días hasta los 2 meses de cárcel, aumento de multas y sanciones para clubes y organizaciones vinculados con esas prácticas.
“Si sos trapito, te meto preso. Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden”, celebró Macri en sus cuentas de redes sociales, tras lograr la sanción de la norma.
Con un video con imágenes alusivas a los cuidacoches y testimonios de personas afectadas, el alcalde porteño se diferenció de las gestiones anteriores, que habían establecido solo sanciones económicas para los trapitos.
“Dejaron que esta mafia se apropiara de las calles. Dejaron que una banda de extorsionadores decidiera dónde podías estacionar. Ya no hay más advertencia. ¿Sos trapito? Te meto preso", expresó en la secuencia audiovisual.
La Ley 6961 amplía las facultades de control del Gobierno porteño y de la Policía de la Ciudad, que podrá detener a quienes se apropien del espacio público y extorsionen a vecinos durante eventos masivos o en la vía pública. La reforma, que contó con 36 votos afirmativos, se consensuó con legisladores de distintas fuerzas políticas.
Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron 13.149 contravenciones vinculadas con estas prácticas. Hasta ahora, las sanciones se limitaban a multas que Jorge Macri consideró “incobrables”: “¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía”. El jefe de Gobierno sostuvo la nueva norma implica “tolerancia cero” contra esa práctica.
El texto de la ley explica que el esquema de penalizaciones económicas vigente era insuficiente. La baja entidad de las sanciones favorecía la repetición de la conducta y minaba la convivencia urbana. Ahora, se distingue entre infractores ocasionales y quienes organizan o coordinan el cobro ilegal, además de establecer agravantes para casos de intimidación, vulnerabilidad o persistencia.
Las penas se duplicarán en situaciones de violencia, acoso o cuando se aproveche la vulnerabilidad del conductor o el entorno. El artículo 1 estipula que, si la conducta incluye intimidación, persistencia o desigualdad de género, la sanción se duplicará respecto de los mínimos y máximos previstos.
Los días de trabajo comunitario se amplían de dos a 20 a 45 días, mientras que las multas pasan de un rango de $50.000 a $285.000 a partir de $1.139.988 (de 1.200 a 7.000 UF).
El juez interviniente que intervenga en una detención tendrá que poner en conocimiento de los infractores la oferta de programas de asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, o el organismo a cargo. Pero también refuerzan una línea dura: quienes lideren o promuevan la actividad podrán ser excluidos de los programas estatales por dos años, en un intento de desalentar la repetición.
Alcance sobre eventos y clubes
La prohibición y las nuevas penas se aplicarán a cualquier evento realizado en la Ciudad, no solo a los deportivos o artísticos masivos. El área de control se amplía hasta 50 cuadras a la redonda del evento, y el horario de prohibición se extiende desde seis horas antes del inicio hasta tres horas después del final.
Si se comprueba la participación directa o indirecta de integrantes de clubes, instituciones u organizadores en la actividad ilegal, el Gobierno de la Ciudad podrá duplicar las multas, que pasarán de 10.000 UF a 20.000 UF (de $10 millones a $20 millones aproximadamente). Las clausuras preventivas subirán a un máximo de 90 días, frente a los 30 días previos.
La reforma parte del diagnóstico de que el fenómeno del “trapito” dejó de ser un “mero ofrecimiento informal”. Según lo aprobado, en muchas ocasiones la conducta involucra presión o intimidación directa. De esta manera, los conductores se ven forzados a pagar para evitar conflictos o represalias, en zonas que llegan a funcionar como “territorios” tomados por quienes ejercen el rol de cuidacoches.