El malestar en la Armada con el gobierno ya es indisimulable. El almirante retirado Jorge Enrico hizo público un documento titulado "La Decadencia de la Armada Argentina" y generó la bronca del ministro Carlos Presti.
Esto provocó que el Jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, convocó al militar por este episodio como una forma de expresar el enojo del ministerio y podría ser sancionado.
El documento habla de un proceso "silencioso pero terminal" vinculado a la demolición programada del poder naval y advierte que las últimas decisiones sobre la Aviación Naval implican una degradación de las capacidades de combate, antisubmarinas y de vigilancia de la Argentina.
El análisis cuestiona el pase a reserva de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina, la baja de los Super Étendard y la reducción de la Base Aeronaval Punta Indio. La Armada Argentina atraviesa, según el documento, un proceso de pérdida progresiva de capacidades que "podría comprometer la defensa de los intereses nacionales en el Atlántico Sur".
En ese marco, el análisis pone el foco en la desactivación de unidades, la falta de armamento para los medios incorporados y, especialmente, en la pérdida de personal especializado y de doctrina operativa.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al pase a reserva de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina (EA2S). Según el documento, esa decisión deja al país sin capacidad antisubmarina de mediano y corto alcance. Al mismo tiempo, sostiene que la escuadrilla podría haber funcionado como una escuela de entrenamiento antisubmarino, utilizando los Tracker para formar tripulaciones y preservar las horas de vuelo de los P-3C Orion, destinados a misiones de mayor alcance.
El diagnóstico también apunta a la baja definitiva de la Escuadrilla de Super Étendard/Modernisé (SUE/SEM), sin reemplazo previsto, y a la degradación de la histórica Base Aeronaval Punta Indio. El documento considera que estas medidas no deberían ser interpretadas simplemente como una reorganización administrativa, sino como una reducción sustancial de la capacidad de defensa en el mar.
Por otro lado, el texto también cuestiona la presentación oficial de los P-3C Orion adquiridos a Noruega como una solución definitiva para el control del Atlántico Sur. Si bien reconoce que se trata de una plataforma con gran autonomía y un radar de elevada capacidad, aclara que "los aviones funcionarían principalmente como medios de exploración y vigilancia".
En esa línea, afirma que "sin una provisión sostenida de sonoboyas, torpedos y otros elementos necesarios, la capacidad de guerra antisubmarina queda anulada". También señala que la ausencia de misiles antibuque limita la capacidad de los P-3C para actuar contra objetivos de superficie.
A esto se suma un problema de formación. "La operación de este tipo de aeronaves requiere personal especializado, entre ellos los coordinadores tácticos y operadores de sensores", advierte. De esta manera, el documento sostiene que "sin ese entrenamiento la capacidad del sistema de armas se encuentra severamente degradada".
Otro de los ejes de la crítica está puesto en los Patrulleros Oceánicos (OPV) clase Bouchard. Enrico cuestiona que cuatro unidades puedan garantizar por sí mismas el control de la Zona Económica Exclusiva argentina, que supera el millón de kilómetros cuadrados.
La objeción no se limita a la cantidad de buques sino que apunta a sus velocidades de patrulla y persecución y a su limitado poder de fuego. Según el texto, el armamento disponible resulta suficiente para tareas de control e intimidación, pero insuficiente para garantizar una capacidad de disuasión efectiva frente a buques que intenten escapar.
En ese contexto, el documento critica la idea de complementar esas capacidades mediante helicópteros ligeros y drones y advierte que las condiciones meteorológicas del Atlántico Sur imponen exigencias que limitarían el empleo de determinados vehículos no tripulados y sostiene que helicópteros ligeros como los AW109 no pueden reemplazar plataformas especializadas en guerra antisubmarina o antisuperficie.
Sin embargo, el foco de preocupación más fuerte se basa en la falta de capital humano. El texto habla de "la degradación de la Base Aeronaval Punta de Indio desarticula el nodo formativo histórico donde se forjaron alrededor de 100 promociones de aviadores navales a lo largo de un siglo ininterrumpido".
"Absolutamente todos los aviadores navales que combatieron en el Atlántico Sur en Malvinas -desde las tripulaciones de exploración y antisubmarina (Neptune, Tracker, Bandeirante) los pilotos de ataque (Super Étendard, A-4Q, MB-339, T-34) los de helicopteros (Sea King) y los de transportes (Electra, F-28, BE 200)- fueron templados y formados en el rigor operativo de Punta Indio", agrega.
En esa línea, punta que "el pase a reserva de la Escuadrilla Antisubmarina (EA2S) y la desactivación de la Segunda Escuadrilla de Caza y Ataque (SUE/SEM) terminan con la transferencia de doctrina. Formar un piloto de combate o un comandante de escuadrilla aeronaval insume 15 años. Cuando la unidad se cierra en los papeles, ese conocimiento acumulado durante más de medio siglo desaparece para siempre".
El fragmento mas explosivo es el que habla de la situación económica. Allí, alerta que "los sueldos de miseria y la falta de horas de vuelo empujan a los mejores cuadros al retiro y al sector privado, dejando estructuras vacías administradas por el desánimo". "La Constitución Nacional subordina a las Fuerzas Armadas al poder político civil, pero no las obliga a convalidar en silencio la indefensión de la Patria", remata.
Por último, Jorge Enrico dice que "el deber supremo de un Jefe de Estado Mayor y de la conducción naval no es acomodarse al recorte de turno ni maquillar la escasez en discursos explicativos protocolares. Su obligación constitucional, profesional y moral es plantarse ante el poder político y decir NO cuando el presupuesto asignado condena a la fuerza a la inoperancia terminal y a la indefensión".
"Llegar a las máximas jerarquías navales para convertirse en administradores de la liquidación institucional es una abdicación del mando. Si el poder político decide no financiar la defensa del país, que lo comunique y que asuma el costo político y social de firmarlo él mismo, pero que no cuente con la firma cómplice de aquellos que prefieren conservar el sillón antes que defender las capacidades de la fuerza histórica de la Nación. La decadencia no se administra: se combate, se denuncia o se renuncia con dignidad", concluyó.