La provincia puso en vigencia la modificación del Código de Contravenciones, que habilita a los jueces a imponer multas económicas o trabajo comunitario a padres que no intervengan ante casos de bullying o ciberbullying en las escuelas. La DGE aclaró cómo será el procedimiento y qué rol tendrá cada institución.
La reciente publicación en el Boletín Oficial de la modificación del Código de Contravenciones habilitó a los jueces de Mendoza a sancionar a padres y madres cuando sus hijos ejerzan bullying o ciberbullying. Frente a la inquietud social sobre el rol de la Dirección General de Escuelas (DGE), el titular del organismo, Tadeo García Salazar, aclaró que la DGE “es solamente quien informa” y que la decisión final queda en manos de la Justicia.
García Salazar explicó que, desde la promulgación, “los jueces pueden pedir los antecedentes con haya un caso de bullying y medie una denuncia”, la cual puede ser presentada por familias o por autoridades escolares. La intervención educativa se rige por un protocolo ya vigente que define el bullying como “hostigamiento sostenido, sistemático, entre pares, con el objetivo de dañar ya sea física o psicológicamente a otra persona”.
El funcionario detalló que el procedimiento comienza dentro de la escuela, donde se evalúa si se trata de bullying o ciberbullying, ya que “hay acciones que se dan de manera presencial o personal y otras que se dan a través de redes sociales”. Una vez identificado el caso, se cita a las familias y se les exige implementar medidas de mejora, especialmente a los responsables del estudiante que ejerce el hostigamiento.
Si la familia no cumple con los compromisos asumidos, la institución educativa puede elevar el caso a la Justicia. Según García Salazar, esto habilita a que el juez aplique “multas económicas o trabajo comunitario para que llame a la reflexión al padre en su rol parental”. El objetivo, remarcó, es que los adultos se involucren en la conducta de sus hijos, ya que “generalmente son comportamientos que vienen de la casa”.
El titular de la DGE subrayó que la escuela tiene un margen de acción limitado: “Nosotros en la escuela educamos un periodo de tiempo muy corto, son cuatro o cinco horas”. Por eso, insistió en que el entorno familiar es clave para marcar “cuáles son las conductas positivas y cuáles son las conductas negativas” y evitar que estas últimas se reproduzcan en el ámbito escolar.
Además de la aplicación de sanciones, la provincia avanzará en una capacitación obligatoria para todo el personal que trabaja con niños y adolescentes. García Salazar confirmó que esta formación ya comenzó y que será requisito para sostener los cargos: “Tienen que estar informados no sólo los docentes sino cualquier otra institución que trabaje con jóvenes y con niños”.
Finalmente, el funcionario destacó que el fortalecimiento de los protocolos y la articulación con la Justicia buscan mejorar la convivencia escolar. El propósito, dijo, es que los estudiantes puedan “focalizarse en lo otro que es aprender lengua, aprender matemática y aprender las materias” propias de cada nivel educativo.