Por mayoría, los jueces de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dispusieron ejecutar los bienes de la ex presidenta, sus hijos y el resto de los condenados
En un fallo histórico, la Sala IV de Casación Federal confirmó el decomiso en la causa Vialidad y ordenó ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y Lázaro Báez.
Por mayoría, el tribunal ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó un criterio clave, que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados.
Esta decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2, que había dispuesto el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos.
La medida alcanza a los activos de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, así como bienes de empresas que fueron consideradas instrumentos fundamentales de la maniobra de corrupción, como Austral Construcciones y otras firmas vinculadas.
También se dispuso el decomiso de bienes que habían sido transferidos por vía hereditaria a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
El fiscal ante la Casación, Mario Villar, había opinado que todas las personas que tengan alguna reivindicación deberían acudir a un proceso civil o administrativo, sin que se postergue el decomiso que incluye la sentencia del TOF 2.
Los votos
El presidente de la sala IV de Casación, Gustavo Hornos, sostuvo que el decomiso no puede quedar en una declaración abstracta, sino que debe traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito.
A su vez, señaló “carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos”.
El voto de Hornos fijó el rumbo conceptual del fallo enfatizando que el decomiso dentro del sistema penal “cumple la función institucional clave de reafirmar la vigencia de la norma vulnerada y el consenso social sobre la ilicitud de los hechos”.
Destacó que la recuperación de activos expresa de manera clara que quienes se beneficiaron de una maniobra ilícita no pueden conservar, ni directa ni indirectamente, las ventajas económicas obtenidas.
Por otro lado, el camarista Hornos sostuvo que “la ejecución del decomiso resulta indispensable para evitar que la condena quede reducida a una declaración formal mientras los activos derivados de la maniobra continúan produciendo efectos patrimoniales”.
Sobre el reclamo de Máximo y Florencia de Kirchner de conservar los bienes heredados, el magistrado afirmó que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”.
Finalmente, recordó que los graves delitos dolosos contra el Estado que conllevan enriquecimiento constituyen, conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional, un atentado contra el sistema democrático.
El juez Diego Barroetaveña acompañó el criterio de Hornos según el cual la ejecución debe alcanzar el conjunto del patrimonio ilícito generado por la maniobra, incluyendo bienes en cabeza de los condenados y aquellos transferidos a terceros.
Con su adhesión, consolidó la mayoría que confirmó la ejecución del decomiso en los términos dispuestos por el TOF 2.
El juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial al cuestionar la extensión del decomiso sobre los bienes que no tengan acreditado de manera suficiente una vinculación directa con el delito.
En ese sentido, planteó la necesidad de efectuar un análisis más estricto de la situación, y propuso excluir del decomiso los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner, al considerarlos ajenos al reproche penal.
Antecedentes
Los recursos de Casación fueron planteados por los abogados de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti, Raúl Pavesi y los representantes legales de Máximo y Florencia Kirchner.
En el caso de las defensas se opusieron a que se realicen las subastas, porque sostuvieron que los bienes indicados por los fiscales no fueron incorporados al patrimonio en la época de los hechos sentenciados.
También Florencia y Máximo Kirchner objetaron que sus propiedades vayan a remate porque aludieron que son ajenos a la causa Vialidad y, además, ellos no fueron condenados.
Los hijos de la exmandataria pidieron conservar 19 bienes, que incluyen 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal solicitó rematar los bienes de Máximo y Florencia Kirchner porque al momento de los hechos integraban el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, más allá de que luego hayan sido cedidos a sus hijos.
En su momento las discrepancias de los condenados fueron rechazadas por el Tribunal Oral Federal 2, pero Cristina Kirchner apeló y el incidente llegó a la Cámara Federal de Casación.
El decomiso
El Tribunal Oral Federal 2 dispuso el decomiso y remate de bienes de los condenados en la causa Vialidad hasta cubrir la suma actualizada de $684.990.350.139,86.
Las propiedades atribuidas a Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez suman 141 inmuebles, incluido el departamento ubicado en San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.
También detectaron 46 vehículos, US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia y otros $53.280,24.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insistieron en que se ejecute el decomiso de las personas condenadas debido a que “todavía no han depositado ni un solo peso”, a pesar de que el plazo venció.
En su dictamen expresaron que “la resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El resto de los condenados son el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
Además, los exfuncionarios de Vialidad Santa Cruz Raúl Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.
Información de Infobae