La resolución del máximo tribunal desestimó los pedidos de nulidad y los intentos de frenar las medidas vinculadas a la ejecución de los bienes.
La Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos de la defensa de Cristina Kirchner y los demás condenados de la causa Vialidad que se oponían a que les decomisen los bienes. De esta manera, quedó firme la cifra total que deberán devolver por la causa de corrupción: en total serán $685.000 millones.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisibles los reclamos interpuestos por la ex Presidenta, Lázaro Báez, Nelson Periotti, entre otros, a través de los cuales se oponían al sistema de actualización del decomiso fijado en la causa Vialidad.
En el caso se analizaron los 51 procesos licitatorios a través de los cuales Lázaro Báez fue adjudicatario del 86% de las obras viales que desde 2003 a 2015 el Estado nacional financió en la provincia de Santa Cruz.
El agravante es que el Grupo Austral cobró sobreprecios del 64% y la mitad de las rutas intervenidas quedaron abandonadas pese a que los contratos se pagaron. El ex socio comercial de Cristina Kirchner fue adjudicatario bajo mecanismos irregulares: circuitos de pagos exclusivos, sobreprecios promedio del 65%, con procesos simulados de competencia, entre otros.
El debate oral y público comenzó con un perjuicio que ascendía a 46.000 millones de pesos. Sin embargo, el 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, establecieron que el fraude cometido con aquel mecanismo de corrupción era de 85.000 millones de pesos.
El TOF 2 entendió -sin embargo-, que era un beneficio imposible de cuantificar para quienes lo usufructúan -sobre todo con el paso del tiempo-, de “índole claramente financiero y cuya existencia resulta, a todas luces, incontrovertible. La contracara, y que aquí nos interesa resaltar, es que el Estado Nacional precisamente renunciaba a ese beneficio totalmente intangible e incuantificable y se lo transfería a un empresario privado”.
Estos beneficios indebidos que recibió Báez, “cuya traducción en un monto dinerario determinado resultó imposible de medir”, expresaron los jueces, “no deben soslayarse, ya que su consideración resulta indispensable para comprender la extensión del daño causado”.
En función del entramado de corrupción, se solicitó al Cuerpo de Peritos de la Corte que actualice el monto del decomiso. La cifra de base fue $ 84.835.227.378,05, y la actualización determinó que la maniobra defraudatoria que le significó a la ex mandataria su primera condena por corrupción, era de $ 684.990.350.139,86.
Es el valor que dejó firme la Corte Suprema de Justicia al rechazar los recursos extraordinarios que discutían el sistema de actualización y en definitiva, la cifra a devolver como resultado del decomiso de bienes.
Fuente: Clarín