La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que invocarán la Ley Antiterrorista tras los disturbios durante el debate de la reforma laboral y defendió el accionar de las fuerzas federales.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.
Según explicó la funcionaria, los disturbios no constituyeron una manifestación tradicional sino una acción organizada con el objetivo de alterar el orden institucional. “Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, sostuvo.
Monteoliva afirmó que la presentación judicial se realizará en el fuero federal, invocando la figura de terrorismo prevista en la Ley Antiterrorista 26.734. “Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, señaló.
La normativa contempla penas agravadas cuando los delitos buscan sembrar terror en la población o forzar decisiones de las autoridades públicas. La calificación implicaría un cambio sustancial en el encuadre penal respecto de figuras como daños o atentado contra la autoridad.
La ministra defendió el accionar de las fuerzas de seguridad durante la jornada y aseguró que se aplicaron los protocolos vigentes para evitar un daño mayor. Indicó que la prioridad fue dispersar los focos de violencia con agua y gases antes de avanzar con detenciones.
“La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, explicó. En relación con las críticas por la falta de detenciones inmediatas, argumentó: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas Molotov”.
También respondió a cuestionamientos sobre la actuación de los efectivos que custodiaban las vallas. “Cada valla pesa cien kilos, no es una latita. El esfuerzo y la expertise para amarrarla es fundamental, porque si se caen pueden provocar un efecto dominó peligroso para todos”, sostuvo.
Monteoliva informó que ya fueron identificadas más de 17 personaspresuntamente involucradas en los disturbios y que el número podría ampliarse a medida que avance la investigación. La causa está a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, dirigida por la fiscal Malena Mercuriali.
La identificación se realiza mediante el análisis de imágenes captadas por cámaras de fuerzas federales, del Gobierno de la Ciudad y transmisiones televisivas. Según detalló la ministra, se utilizan sistemas de reconocimiento facial y bases de datos para cotejar antecedentes.
De acuerdo con lo señalado, entre los implicados hay personas de entre 20 y más de 60 años, en su mayoría provenientes de la provincia de Buenos Aires, aunque también se registraron casos de la Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Salta. Monteoliva indicó que algunos cuentan con antecedentes penales y mencionó la posible vinculación de ciertos involucrados con barras bravasy agrupaciones de izquierda combativa o anarquistas.
La funcionaria también desestimó versiones que circularon en redes sociales acerca de supuestos policías infiltrados entre los manifestantes violentos. “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparatepensar que el Gobierno genere ese tipo de situaciones”, afirmó.
Calificó esas hipótesis como “una locura” y remarcó que todo el operativo se encuentra documentado y bajo supervisión judicial.
En cuanto al saldo de la jornada, Monteoliva informó que hubo más de 70 detenidos y que siete efectivos resultaron golpeados, sin registrarse heridos de gravedad entre civiles. Asimismo, cuestionó la rapidez con la que, según indicó, la Justicia suele liberar a detenidos en este tipo de hechos y adelantó que se evaluarán ajustes en los protocolos para futuras movilizaciones.
Finalmente, la ministra se refirió a la media sanción del proyecto que baja la edad de imputabilidad y sostuvo que la medida representa “empezar a saldar una deuda con los familiares de las víctimas”.