Un documento fechado el 1 de agosto de 2024, presentado como “Carta de Intención para la Apertura de una Cooperativa de Crédito en Argentina”, expone un posible vínculo formal entre la empresa Cube Exchange Australia Pty Ltd y la Presidencia de la Nación que hasta ahora no había sido desarrollado en el marco del caso de la criptomoneda $LIBRA. El texto -dirigido al presidente Javier Milei- plantea la posibilidad de “explorar y establecer una cooperativa de crédito en la República Argentina” y propone una serie de iniciativas financieras, regulatorias y fiscales que, por su alcance, se insertan en el entramado de relaciones y proyectos que actualmente analiza la Justicia federal.
La causa $LIBRA, en rigor, investiga el rol del trader Mauricio Novelli y su vínculo con el entorno presidencial más cercano, a partir de mensajes, contratos y registros que dan cuenta de pagos, intermediación empresarial y acceso a funcionarios. Según surge del expediente, Novelli pasó de organizar cursos financieros a convertirse en un nexo con llegada directa al Presidente y a su círculo más cercano, en un esquema que incluyó contactos con empresarios del ecosistema cripto y proyectos vinculados al uso de la imagen presidencial en iniciativas económicas.
En ese contexto, la carta de intención de Cube Exchange, una plataforma de intercambio de criptomonedas fundada en Australia, introduce un elemento adicional: un planteo de desarrollo institucional en el sistema financiero argentino. Allí, se establece como objetivo “establecer una cooperativa de crédito que brinde servicios financieros asequibles y de calidad, fomentando la inclusión financiera y apoyando el desarrollo económico local”, incluyendo productos como “cuentas de ahorro y crédito, préstamos personales y empresariales, y otros servicios financieros que contribuyan al bienestar económico de nuestros futuros miembros”.
La carta no lleva firmas, pero consigna un remitente: Cube Exchange Australia Pty Ltd, una sociedad privada de responsabilidad limitada, que en el documento se presenta con domicilio en “401 N Morgan Street, Suite 300, Chicago, IL 60642”, una dirección ubicada en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.
Uno de los puntos que sobresalen del documento, al que tuvo acceso Infobae, es la referencia al acceso a información para el desarrollo de esos servicios. El texto indica que toda “información es de ayuda para mejorar los modelos de riesgo y desarrollo de productos, como datos financieros anonimizados del Banco Central y autoridades fiscales”. La mención se inscribe en un apartado técnico, pero introduce la posibilidad de interacción con fuentes de información estatal para la operatoria del proyecto.
En paralelo, la propuesta incluye un esquema de incentivos fiscales de alcance amplio. En forma textual, la empresa solicita “una exención fiscal corporativa de 10 años, con tasas impositivas que no excedan el 10% durante la siguiente década”, así como “acuerdos plurianuales, subsidios fiscales y exenciones de ubicación” y un “impuesto sobre las ganancias de capital para inversores limitado al 10% durante los primeros 10 años”. A su vez, plantea que todas “las aprobaciones regulatorias necesarias [sean] garantizadas dentro de los 60 días de la aplicación”.
El documento también contempla mecanismos de articulación directa con distintos organismos públicos. En el apartado “Colaboración con el Gobierno”, Cube Exchange requiere “el apoyo y el compromiso del gobierno argentino para facilitar la implementación de esta iniciativa”. Este pedido, de acuerdo con la Carta de Intención, menciona la inclusión de un “contacto directo con los delegados de los organismos reguladores determinados, como el (BCRA, UIF, CNV, SSN, SAFJP, ABA, AAEF), para una comunicación directa y fluida”. A ese punto se suman otros pedidos vinculados a determinada orientación “en el cumplimiento de regulaciones locales y en materia de beneficios fiscales” y a la posibilidad de establecer “la sede en Buenos Aires con un contrato gubernamental para solidificar las operaciones”.
Otro eje de la propuesta es la dimensión académica e institucional y el “Compromiso con la Comunidad”. En ese orden, el texto expone un compromiso a “trabajar estechamente con las comunidades locales, autoridades y otras partes interesadas para asegurar que nuestra presencia beneficie ampliamente a la población, fomentando la educación financiera y el desarrollo sostenible”.
A su vez, propone “colaboración internacional y la posibilidad de asociarse con la Universidad de Chicaco para establecer el ‘El Instituto Milei’ para estudios financieros e innovación, donde podemos incluir cumbres trimestrales con reguladores de cooperativas de crédito de EE.UU.”.
En ese mismo apartado, se habla de “implementar el sistema de Identidad Digital Nacional (DNI) para reemplazar los sistemas actuales como Sumsub, mejorando la seguridad y accesibilidad para los ciudadanos”.
El documento se presenta como una carta de intención, es decir, no implica por sí mismo la concreción del proyecto ni la existencia de un acuerdo definitivo, pero solicita expresamente la firma del destinatario del escrito “para formalizar su apoyo y compromiso con esta iniciativa”.
“Nuestro objetivo es facilitar la incorporación de nuevos fondos público-privados financieros y promover un sistema bancario de reserva del 100% a nivel mundial”, señala el documento.
La investigación judicial de la criptomoneda está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, con intervención del fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la instrucción. En ese marco, las actuaciones avanzan con la incorporación y análisis de prueba digital obtenida de dispositivos electrónicos -entre ellos el teléfono del lobbista Novelli-, peritajes técnicos realizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), y el cruce de contratos, mensajes y registros de reuniones que buscan reconstruir la secuencia de los hechos y el alcance de los vínculos entre los distintos actores involucrados.
Entre las medidas en curso se encuentran el análisis de comunicaciones, la trazabilidad de operaciones económicas y la identificación de eventuales acuerdos o contraprestaciones vinculadas a la promoción de activos financieros. La hipótesis de la Fiscalía incluye la posible existencia de un esquema en el que se habrían articulado negocios privados con acceso a funcionarios y proyección institucional, lo que es evaluado a la luz de las normas que regulan el ejercicio de la función pública.
La aparición de este documento se produce en un contexto en el que la investigación ya había identificado múltiples iniciativas económicas vinculadas al entorno de Novelli. Entre ellas, la organización de eventos financieros como el Tech Forum, la planificación de proyectos vinculados a activos digitales y propuestas comerciales con empresarios internacionales que, según los registros incorporados al expediente, incluyeron reuniones en Casa Rosada y contactos con funcionarios del área presidencial.
Asimismo, el material analizado por estos días da cuenta de un modelo de negocios más amplio que utilizaba la figura de Milei como elemento central de promoción, incluyendo cursos, eventos, productos financieros y contenidos audiovisuales, cuya proyección se vio interrumpida tras el fallido lanzamiento del token $LIBRA en febrero de 2025.
Infobae