La Justicia Federal llamó a declarar a 35 personas involucradas en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.
La Justicia Federal citó a indagatoria al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 34 personas involucradas en la causa que investiga las presuntas maniobras de corrupción dentro del organismo. La lista incluye la ampliación de las declaraciones de otras cuatro personas ya procesadas en la causa, como el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; Miguel Ángel Calvete, acusado de actuar como intermediario entre funcionarios y directivos de laboratorios y droguerías; y los empresarios Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, en línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, llamó a declarar a exfuncionarios y empresarios del rubro médico imputados de formar parte de una organización delictiva que operó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 para defraudar a la administración pública mediante la manipulación de compras de medicamentos e insumos de alto costo.
"La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público", sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo que planteó la fiscalía. Las indagatorias se llevarán adelante entre el 28 de abril y el 26 de mayo. Además de la citación, el juzgado ha dispuesto la inhibición general de bienes para asegurar el recupero de activos ante una eventual condena.
Según las fuentes judiciales, el esquema delictivo consistía en acuerdos ilegales entre funcionarios de ANDIS y actores privados vinculados a droguerías y proveedores de insumos de alto costo (PACBI). A través de la manipulación de procesos de contratación del Programa Federal Incluir Salud, se habrían direccionado adjudicaciones para beneficiar a empresas seleccionadas de antemano, simulando una competencia que no existía a cambio de dádivas y retornos.
La maniobra habría afectado directamente a la población más vulnerable: beneficiarios de pensiones no contributivas con discapacidad. Mediante el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), que era el mecanismo mediante el cual se administraban las prestaciones PACBI y se realizaban las adjudicaciones de alto costo, se habrían creado compulsas de precios "especiales" o paralelas.
En el rubro de medicamentos, se detectaron 21 licitaciones "acotadas" por un total de $30.337.220.919, donde las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. resultaron adjudicatarias del 93,11% de los procesos. Similares patrones de cartelización se observaron en los segmentos de prótesis para amputaciones, insumos cardiológicos, audífonos y sillas de ruedas.
El listado de los 35 citados a declarar por el juez Ariel Lijo
De acuerdo con la resolución judicial, el listado de las 35 personas citadas a indagatoria y el cronograma de sus audiencias es el siguiente:
Abril de 2026:
- 28 de abril: Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini.
- 29 de abril: Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo.
- 30 de abril: Federico Maximiliano Santich y Emilio César Olguín.
Mayo de 2026:
- 5 de mayo: Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn y Gerardo Raúl Angarami.
- 6 de mayo: Oscar Alberto Capello, Guido Capello y Pablo Alejandro Rivero.
- 7 de mayo: Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen y Máximo Ariel Perdiechizi.
- 12 de mayo: Osmar Mariano Caballi, Mariano Sagués y Christian Sagués.
- 13 de mayo: Vicente Sagués, Lucas Sagués e Humberto Gabriel Maone.
- 14 de mayo: Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat y Gustavo Bernat.
- 19 de mayo: Vicente Vázquez, Nicolás Luna y Fabián Piedimonte.
- 20 de mayo: Lautaro Britez, Diego Miras Acosta y Fabián Parlakian.
- 21 de mayo: Matías Javier Palotti Bertola, Patricio Denholm y Alan Poccovi.
- 26 de mayo: Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.
A todos ellos se les imputa formar parte de una organización delictiva que operó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 para defraudar a la administración pública mediante la manipulación de compras de medicamentos e insumos de alto costo. Además de la citación, el juzgado ha dispuesto la inhibición general de bienes para asegurar el recupero de activos ante una eventual condena.