El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy a Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
También lo acusó de haber sido uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis para enriquecerse, según la hipótesis que sostiene el fallo de Casanello. Los otros supuestos jefes de esa banda, también procesados hoy como tales, son Daniel Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Miguel Angel Calvete y Pablo Atchabahian. Calvete y Atchabahian, dos hombres vinculados a droguerías y con un pasado en distintas gestiones políticas, habrían logrado controlar la Andis desde afuera. Según las pruebas de la causa, hubo licitaciones digitadas y sobreprecios.
En total, los procesados por Casanello fueron 19. La lista incluye a exfuncionarios y empleados de la Andis y a privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.
Durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó, según el juez, “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia yNacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, afirma el fallo de Casanello.
Pero en el final de su fallo el juez advierte que los delitos podrían haber sido más y que las responsabilidades podrían escalar a “otro nivel de complicidades”. Casanello escribió: “Sin embargo, el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores (...). A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados".
La causa se inició en agosto pasado, por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón basado en notas periodísticas. El caso había estallado públicamente horas antes, cuando se difundieron audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo dice que Lule Menem le “metió” al funcionario “más importante de todos” (en aparente alusión a Garbellini, que era su número dos) y que lo hizo “para chorear”. Habla, además, de que el 3% sería para Karina y que Javier Milei fue advertido por él de lo que estaba pasando.
Estos audios no fueron usados como prueba por el fiscal del caso, Franco Picardi, ni por el juez Casanello, que no los menciona en su fallo de hoy.
Las defensas sostienen que son grabaciones de origen ilícito y reclaman, por eso, que toda la causa sea declarada nula. Hoy, en paralelo con los procesamientos, Casanello rechazó además esos planteos de los acusados.
Con información de La Nación