En conferencia de prensa, el ministro de Economía dio detalles sobre la nueva iniciativa que busca formalizar parte de los USD 170.000 millones de los argentinos que permanecen fuera del circuito legal.
En la conferencia de prensa de este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno va a enviar una nueva Ley de Inocencia Fiscal al Congreso para dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que saquen los dólares del colchón.
“Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Entonces, un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Es una muy mala decisión económica tener los dólares debajo del colchón”, afirmó el ministro.
Caputo confía en que el Congreso vuelva aprobar el proyecto ya que sostiene que “el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada” y que el objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a tener que informalizar sus ahorros a poder bancarizarlos. Sin embargo, no hizo ninguna mención a las tensiones que puede haber por las adhesiones de funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) como el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la justicia por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas.
La decisión del titular del Palacio de Hacienda de enviar una nueva ley al Congreso surge tras las insistencias de los contadores, algunos de los cuales participaron de la ronda, quienes advirtieron que la legislación vigente expone a los contribuyentes ante un eventual cambio de gestión en 2027.
La versión de Inocencia Fiscal que aprobó el Congreso en diciembre presenta, según tributaristas, varios puntos débiles. Entre ellos, los límites para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), ya que solo pueden hacerlo quienes tengan ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a 10.000 millones de pesos.
El aspecto más relevante, según señalan los especialistas, es la forma de calcular la discrepancia significativa. Estos puntos se buscarán corregir en la nueva versión. Tendrá una diferencia porcentual: se configura si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al 15%. Además, se establece un umbral mínimo: incluso si la diferencia nominal reclamada supera el 15%, no se aplicará la exclusión del régimen si ese monto no alcanza el 5% del valor de evasión previsto en el artículo 1° de la Ley Penal Tributaria. Por otro lado, los grandes contribuyentes podrán adherirse al régimen, pero no tendrán la posibilidad de declarar dólares en efectivo.
Después de varios meses, Caputo reconoció que el proyecto no logró el nivel de adhesión esperado, algo que se evidencia en los depósitos en dólares del sector privado, que permanecen en torno a los USD 40.000 millones, con cambios mensuales mínimos.
El Gobierno apuesta a que Inocencia Fiscal funcione, ya que la considera clave para la remonetización de la economía. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los argentinos mantienen fuera del sistema financiero unos USD 170.000 millones, que pierden valor frente a la inflación. “Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión y la contracara es el ahorro que está, pero abajo de los colchones. Lo que nosotros necesitamos es que se vuelque al mercado financiero”, sostuvo Caputo.
Ante la consulta en la conferencia de prensa sobre cuántos de esos USD 170.000 millones que están abajo del colchón deben bancarizarse para que el proyecto sea considerado exitoso no existió una respuesta. Los tributaristas que quedaron encargados de responder esa pregunta no tienen esas proyecciones. Entre ellos se encontraba Ricardo Paolina, socio Lisicki, Litvin & Abelovich; Liban Kusa, socio del departamento de impuestos del estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja; y Sonia Becherman.
Relación con las provincias
Una de las dudas era que va a suceder con las provincias que no adhieran del RSG. Durante la administración de Juan Pazo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se firmaron diferentes convenios con distintas provincias y se destacó que quienes no lo hiciera se le cortaría la información.
Ante la consulta de Infobae a los tributaristas, aseguraron que el proyecto que mañana girará el Gobierno al Congreso no contempla que se corte la información aquellos gobiernos subnacionales que no adhieran. “Lo que pueden llegar a reclamar es el impuesto sobre los ingresos brutos. No hay otro”, sostuvo Kusa. Por su parte, Paolina remarcó que se dará siempre y cuando desarrolle una actividad económica en forma personal.