El concejal Juan Pablo Dávalos podría ser imputado por falsificar la firma de una secretaria en la ordenanza del presupuesto municipal. Investigado por un delito que puede derivar en prisión e inhabilitación.
Un escándalo judicial sacude al poder político de San Lorenzo. Este miércoles, la Justicia allanó el Concejo Deliberante tras una denuncia penal que apunta directamente al concejal libertario Juan Pablo Dávalos, acusado de la presunta falsificación de una firma en la ordenanza que aprobó el Presupuesto Municipal 2026.
La denuncia, presentada el 11 de diciembre de 2025, sostiene que la secretaria legislativa Olga Ceballos se encontraba de licencia y no firmó ninguna ordenanza, salvo la del presupuesto. La anomalía se agravó al comparar la rúbrica cuestionada con firmas anteriores de la funcionaria: no coincidirían, informó Opiniones Salorenceñas.
Con esos indicios, el juez interviniente ordenó el allanamiento y secuestró documentación clave, poniendo bajo la lupa el corazón del manejo de los fondos públicos del municipio.
Un delito grave con posible prisión
Lo que se investiga no es una falta administrativa, sino un delito penal grave: falsificación de documento público. De comprobarse, este delito puede derivar en prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, la causa podría poner en duda la validez del Presupuesto 2026 de San Lorenzo.
El hecho encuadra, de confirmarse, en la figura del artículo 292 del Código Penal argentino, que establece penas de prisión de hasta seis años, además de la inhabilitación mencionada. La ley considera este delito como una amenaza directa a la fe pública y al funcionamiento del Estado, una gravedad que se acentúa cuando el documento adulterado es una ordenanza que habilita el manejo de fondos públicos.
Una investigación que recién comienza
La investigación se encuentra en su etapa inicial, pero el escenario es contundente: si se comprueba la falsificación, no solo habrá consecuencias políticas para el edil y el bloque al que pertenece, sino también penales, con posibilidad de prisión efectiva.
El caso expone una grave sospecha sobre la transparencia en uno de los actos administrativos más importantes de un municipio: la aprobación de su presupuesto anual.