Un nuevo episodio de contaminación volvió a poner en el centro de la escena al río Arenales, uno de los cursos de agua más afectados por el deterioro ambiental en la provincia de Salta. El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) resolvió aplicar una multa cercana a los 80 millones de pesos contra el Grupo MDay y la empresa Industrias Clark por el vuelco de líquidos cloacales al cauce que atraviesa la capital salteña.
La sanción fue oficializada a fines de mayo de 2026, luego de un proceso administrativo que se extendió durante aproximadamente un año y que incluyó descargos, análisis técnicos y distintas instancias de evaluación.
El emprendimiento involucrado
La multa está vinculada al desarrollo urbanístico Vía Aurelia, un loteo ubicado en la zona sur de la ciudad de Salta, capital de la provincia homónima.
Según determinó el organismo regulador, el sistema de tratamiento de efluentes utilizado por el emprendimiento resultó insuficiente para la magnitud del proyecto inmobiliario, que contempla alrededor de 1.800 lotes distribuidos en distintas etapas.
Las investigaciones concluyeron que tanto el Grupo MDay, responsable del emprendimiento, como Industrias Clark, contratada para operar el sistema de saneamiento, desarrollaron actividades sin contar con las habilitaciones correspondientes como operadores de servicios sanitarios.
Desde el ENRESP sostuvieron que la situación comprometió bienes de interés público vinculados a la salud, el ambiente y la seguridad sanitaria de la población.
Un río que acumula años de contaminación
La situación del río Arenales no es nueva. El curso de agua atraviesa el área metropolitana de Salta y desde hace más de 17 años se encuentra bajo seguimiento judicial debido a reiteradas denuncias por contaminación.
A lo largo de ese período, distintos informes señalaron la presencia de descargas cloacales, residuos urbanos e impactos derivados del crecimiento urbano sin infraestructura adecuada.
La problemática incluso derivó en la intervención de la Justicia provincial mediante acciones de amparo ambiental que continúan vigentes.
La contaminación y el antecedente de la salmonelosis
Uno de los aspectos que más preocupación generó entre las autoridades sanitarias fue la relación entre la contaminación del río y los brotes de salmonelosis registrados en los últimos años en el departamento Capital.
Durante 2024 se registraron semanas con hasta 50 casos confirmados de salmonella, una cifra que encendió las alarmas epidemiológicas en la provincia.
Las investigaciones sanitarias apuntaron a que parte de los contagios podrían estar vinculados al uso de agua contaminada para el riego de huertas ubicadas en sectores cercanos a la ribera del Arenales.
Si bien durante 2026 los casos descendieron significativamente, la situación volvió a poner en discusión las consecuencias que puede tener la contaminación hídrica sobre la salud pública.
El polémico permiso municipal
Uno de los puntos más controvertidos del caso fue la existencia de una autorización municipal que permitía el vertido de efluentes al río.
Durante su defensa, el Grupo MDay presentó un Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) que habilitaba de manera provisoria el funcionamiento del sistema de descarga.
Sin embargo, el permiso terminó convirtiéndose en objeto de polémica debido a que posteriormente fue revocado por la propia Municipalidad de Salta mediante una resolución de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos.
La decisión se tomó luego de que avanzaran las actuaciones del organismo regulador y se profundizaran los cuestionamientos ambientales sobre el proyecto.
La existencia de esta autorización volvió a abrir el debate sobre los controles estatales y la responsabilidad de los organismos públicos en la supervisión de emprendimientos inmobiliarios de gran escala.
Un negocio millonario frente a una infraestructura insuficiente
Durante el proceso administrativo, el presidente del ENRESP estimó que el emprendimiento inmobiliario podría haber generado ingresos cercanos a los 40 millones de dólares a través de la comercialización de terrenos.
Según esa evaluación, el costo de una planta de tratamiento adecuada representaría apenas una fracción mínima de esa cifra.
La comparación reavivó las críticas sobre la falta de inversión en infraestructura sanitaria por parte de algunos desarrollos urbanos que avanzan sobre nuevas áreas sin garantizar previamente servicios esenciales.
La causa llegó a la Justicia
Las actuaciones administrativas fueron remitidas al Ministerio Público Fiscal de Salta, que analiza posibles responsabilidades penales vinculadas a la contaminación del río.
La investigación busca determinar si existieron conductas que puedan encuadrarse como delitos ambientales de carácter continuado.
Paralelamente, organismos provinciales, la Municipalidad de Salta y la empresa estatal Aguas del Norte continúan involucrados en distintas instancias judiciales relacionadas con la recuperación ambiental del Arenales.
La situación también expone un problema estructural que excede a un solo emprendimiento: la falta de infraestructura cloacal suficiente para acompañar el crecimiento urbano de la capital provincial.
La defensa de la empresa
Desde el Grupo MDay rechazaron haber actuado al margen de las autorizaciones oficiales y sostuvieron que el emprendimiento se desarrolló conforme a las factibilidades técnicas otorgadas por organismos competentes.
La empresa argumentó además que la imposibilidad de conectar el proyecto a una solución definitiva estuvo relacionada con problemas estructurales que afectan al sistema sanitario de la zona y con demoras vinculadas a obras de infraestructura provincial.
Según explicó la firma, desde hace más de cuatro años financia con recursos propios una planta provisoria para el tratamiento de efluentes y trabaja junto a otros desarrolladores inmobiliarios en la construcción de una planta regional que podría brindar servicio a unas 17.000 personas de la zona sur de la ciudad.
No obstante, para el organismo regulador las medidas adoptadas resultaron insuficientes y no evitaron el impacto ambiental generado sobre uno de los cursos de agua más degradados de la provincia.
Un debate que vuelve a instalarse
La multa contra el Grupo MDay volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente en Salta: hasta qué punto el crecimiento inmobiliario puede avanzar sin contar previamente con la infraestructura ambiental necesaria.
Mientras la ciudad continúa expandiéndose hacia nuevas áreas urbanizadas, organizaciones ambientales y especialistas advierten que la falta de planificación puede traducirse en mayores presiones sobre ríos, acuíferos y sistemas de saneamiento ya comprometidos.
El caso del río Arenales aparece nuevamente como un símbolo de esa tensión entre expansión urbana, negocios inmobiliarios y protección ambiental, una discusión que continúa abierta en la capital salteña.