"La canasta básica del adulto mayor superó los $1.824.000 en marzo de 2026, mientras el haber mínimo jubilatorio es de $419.775,93, al que se suma un bono de $70.000 que permanece congelado desde marzo de 2024. La brecha entre los ingresos de los jubilados y el costo real de sostener una vida digna expone una de las consecuencias más preocupantes de las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional" nos explica el Abogado Previsional, Dr Vicente Nazr.
En este contexto, acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI también se convirtió en una dificultad para muchos jubilados. La cobertura está sujeta a determinados requisitos y, para quienes necesitan más de cuatro medicamentos, se requiere una evaluación adicional; además, el trámite debe realizarse de manera virtual. Para una persona mayor cuyos ingresos se encuentran muy por debajo del costo de vida, afrontar el precio de los medicamentos puede significar resignar alimentos, servicios u otras necesidades básicas.
Mientras el Gobierno sostiene determinadas políticas de ajuste y reducción del gasto, son los sectores con ingresos más limitados quienes enfrentan cotidianamente sus consecuencias. En el caso de los jubilados, la pérdida de poder adquisitivo no es una cuestión abstracta: puede determinar si una persona puede comprar sus medicamentos, alimentarse adecuadamente o acceder a una atención de salud.
Después de una vida de trabajo y aportes, enfermarse no debería convertirse también en un problema económico. Garantizar el acceso a medicamentos y a una jubilación que permita vivir dignamente no debería ser presentado como un gasto, sino como una responsabilidad fundamental del Estado.