El rechazo de los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo resultó clave para que el Gobierno nacional retirara del debate el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y flexibilizaba la compra de superficies rurales por parte de extranjeros.
La Libertad Avanza confirmó que no contaba con los votos necesarios para aprobar el capítulo III del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, referido al régimen de tierras rurales. Ante ese escenario, decidió apartar ese tramo para intentar avanzar con el resto de la iniciativa en el Senado.
El límite marcado por los gobernadores
El oficialismo había introducido cambios en el texto para sumar apoyos de bloques aliados. La propuesta contemplaba elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podían quedar en manos extranjeras.
Sin embargo, las modificaciones no lograron revertir la posición de Sáenz, Jalil y Jaldo. Los mandatarios provinciales comunicaron que sus representantes no respaldarían ese capítulo, una decisión que dejó al Gobierno sin el número necesario para aprobarlo.
También rechazaron la iniciativa los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Misiones, Hugo Passalacqua. La oposición de mandatarios que suelen acompañar algunas propuestas nacionales terminó por desarmar la estrategia oficialista.
Sáenz: “¡Viva la Patria!”
Después de conocerse el retroceso del Gobierno nacional, Sáenz publicó un video acompañado por una canción de Los Chalchaleros y un mensaje de contenido patriótico.
“Hoy, más que nunca, esta canción de Los Chalchaleros cobra un sentido especial. ¡Viva la Patria!”, escribió el gobernador salteño en su cuenta de Instagram.
La publicación reforzó la posición asumida por el mandatario frente al proyecto y vinculó el debate sobre las tierras rurales con la defensa del territorio, los recursos naturales y la soberanía nacional.
Qué ocurrirá con la Ley de Tierras
El retiro del capítulo permite que continúen vigentes los límites actuales para la adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.
La normativa establece un máximo del 15% de tierras rurales extranjerizadas en el territorio nacional, provincial y municipal. También fija restricciones por nacionalidad y por cantidad de hectáreas en determinadas zonas productivas y estratégicas.
El oficialismo sostuvo formalmente que el capítulo no fue descartado de manera definitiva, sino que su tratamiento quedó postergado mientras se busca una nueva redacción con mayor consenso.
Mientras tanto, el Senado podrá discutir el resto del proyecto, que incluye modificaciones vinculadas con desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y registros de la propiedad.