Familias de personas con discapacidad advierten una situación límite por recortes, demoras en pagos y dificultades para sostener terapias, traslados y tratamientos esenciales.
La crisis en discapacidad volvió a quedar en el centro del debate por el impacto directo que los recortes tienen sobre familias, prestadores y pacientes que dependen de tratamientos permanentes.
Agustina Canto, comunicadora y madre de una menor con discapacidad, sostuvo que las medidas del Gobierno nacional golpean especialmente a los sectores más vulnerables y aseguró que la situación ya afecta la salud y el desarrollo de niños con discapacidad.
“El Estado te abandona, las obras sociales no te cumplen y lo único que aparece es abandono”, planteó durante su participación en Pasaron Cosas.
Seis meses sin cobrar
Canto advirtió que desde octubre se cortó la cadena de pagos para prestadores, lo que dejó a profesionales de la salud sin cobrar durante más de seis meses.
Remarcó que no se trata solo de números, sino de personas que sostienen tratamientos indispensables y también sus propios hogares.
La consecuencia cotidiana es doble: los profesionales trabajan al límite y las familias deben hacer esfuerzos cada vez mayores para sostener terapias, traslados y acompañamientos.
Viajar al Garrahan, cada vez más difícil
Otro de los puntos más sensibles fue la eliminación del sistema compensatorio para empresas de transporte de larga distancia vinculado a la gratuidad del boleto para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer.
Canto recordó que muchas familias salteñas viajan al Hospital Garrahan para tratamientos complejos, por lo que la quita del beneficio puede convertirse en una barrera económica directa.
“Te hacen imposible probar cada tres meses que tu hijo tiene una discapacidad. La carga emocional es tremenda”, señaló.
Críticas al rumbo económico
La comunicadora también cuestionó que el ajuste recaiga sobre personas con discapacidad, jubilados y clase media, mientras —según afirmó— se sostienen beneficios para sectores de mayor poder económico.
Para Canto, el retroceso del Estado no deja un “plan B”, sino abandono en áreas sensibles como salud, transporte y asistencia social.