El exintendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez, se fugó el sábado, justo cuando iban a detenerlo, en el marco de una investigación federal que lo señala como el presunto jefe de una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Su escape generó la sospecha de que pudo haber recibido una advertencia sobre el operativo a través de una filtración, una posibilidad que todavía no está confirmada.
Martínez permanece prófugo y tiene un pedido de captura. La causa derivó en 32 allanamientos y la detención de 11 personas, entre ellas integrantes de su entorno familiar y dos contadores. Otro sospechoso también permanece prófugo.
La investigación fue impulsada por la Procuraduría de Narcotráfico (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), dependientes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, después de cerca de dos años de pesquisas.
Los detenidos fueron imputados este martes, durante una audiencia que se extendió por seis horas y fue encabezada por Gustavo Montoya, juez federal de Orán. El magistrado dispuso la prisión preventiva efectiva para siete acusados y fijó un plazo de seis meses para que la fiscalía concluya la investigación.
Entorno familiar
Según la hipótesis fiscal expuesta en la audiencia, los acusados habrían integrado una asociación ilícita orientada a introducir fondos provenientes del narcotráfico en el circuito económico legal.
Entre los imputados se encuentran el hijo del presunto líder, Miguel Ángel Martínez; su hija, Jessica Elizabeth Martínez; su exmujer, Nancy Mirta Cordero; y su actual pareja, Tamara Tapia.
También fueron acusados los contadores públicos nacionales Orlando Oris Lovera y Julián Manuel Barreiro. La fiscalía sostiene que habrían utilizado sus conocimientos técnicos para bancarizar fondos e introducir bienes de origen ilícito en el circuito financiero legal.
La nómina se completa con Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas.
Préstamos informales
Uno de los mecanismos investigados es el atribuido a Rafael Antonio Aragón Rodríguez, un ciudadano colombiano radicado desde hace 16 años en Orán. Según la hipótesis fiscal, habría utilizado una carpintería como cobertura para desarrollar un esquema de préstamos informales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.
Durante los allanamientos se secuestraron 35 teléfonos celulares, además de computadoras, notebooks y pendrives. Montoya autorizó la apertura y el peritaje de los dispositivos, así como el requerimiento de información a las empresas telefónicas para analizar los registros de llamadas entrantes y salientes.
Medidas judiciales
Al resolver la situación de los 11 imputados, Montoya dispuso la prisión preventiva efectiva para siete. Para los otros cuatro estableció medidas menos restrictivas, entre ellas la obligación de someterse al proceso, la prohibición de entorpecer la investigación y la prohibición de salir del país durante dos meses.
Entre quienes recibieron estas medidas se encuentran María Cristina Flores, Mauro Alberto Rojas y el contador Julián Manuel Barreiro.
Durante la audiencia también hubo un debate sobre la duración de la investigación. La fiscalía solicitó declarar la causa de trámite complejo para disponer de hasta dos años adicionales. Las defensas se opusieron y argumentaron que, después de cerca de dos años de pesquisas previas, correspondía avanzar hacia una definición en un plazo razonable.
Finalmente, el juez fijó seis meses para que la fiscalía concluya la investigación.
Condena cumplida
“Conejo” Martínez había sido condenado en diciembre de 2025, en una causa provincial, a un año y dos meses de prisión efectiva y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.
Pese a que la condena era de cumplimiento efectivo, le otorgaron prisión domiciliaria y cumplió la pena en su domicilio. Al momento del operativo federal, esa pena de prisión ya estaba cumplida.
En un juicio abreviado admitió haber recibido y compartido con terceros información confidencial de la investigación por el asesinato de su hermano, César “Oreja” Martínez, quien fue acribillado en 2023. También reconoció haber influido sobre testigos y eliminado datos de dispositivos para entorpecer las pesquisas.
Ese antecedente corresponde a un expediente diferente de la actual investigación federal por narcolavado, en la que ahora es buscado.
Juicio pendiente
La causa federal también alcanza a Dimas José Ruiz, quien tiene pendiente un juicio en la Justicia provincial por el robo a la empresa frutihortícola Abra del Sol.
Este martes 6 de octubre, el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que los fiscales presentaron un pedido de pronto despacho ante el Tribunal de Juicio: la causa fue elevada a juicio en marzo de 2025 y todavía no tiene fecha de debate.
La presentación fue realizada por los fiscales Daniel Espilocín, Pablo Cabot, María Luján Sodero, María Soledad Filtrín Cuezzo y Claudia Carreras, integrantes de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte.
Los fiscales calificaron la demora como “injustificada” y advirtieron que provocó el vencimiento de los plazos de prisión preventiva de Ruiz y Matías Ezequiel Malissia, cuyas responsabilidades penales deben definirse en juicio. También reclamaron que se resuelva la situación de Marcelino Daniel Cruz, quien permanece privado de su libertad y está imputado en otro expediente.
La Unidad Fiscal pidió que se fije directamente el debate oral y público. También planteó que, si la acumulación de expedientes retrasa su realización, se deje sin efecto y se avance con las audiencias correspondientes. Además, dejó formulada una reserva para acudir ante la Corte de Justicia mediante una queja por retardo de justicia.
Robo armado
La causa provincial se originó en el robo ocurrido el 16 de diciembre de 2022. Según la acusación, al menos ocho personas ingresaron a Abra del Sol con los rostros cubiertos y portando armas. Tras reducir y maniatar al personal, se habrían apoderado de 13 millones de pesos, 160 mil dólares y una camioneta.
Ruiz se desempeñaba como gerente comercial de la empresa. La hipótesis fiscal sostiene que habría simulado ser una víctima y colaborado inicialmente con los investigadores, para luego proporcionar información a los autores del robo y facilitar su evasión.
La investigación incorporó videos, fotografías y grabaciones de llamadas obtenidos de dispositivos secuestrados. Según la Unidad Fiscal, esos elementos aportaron evidencia sobre la planificación del hecho y las presuntas maniobras para entorpecer la investigación.
En ese expediente ya fueron condenados Cristian Gabriel Palavecino, Brian Gabriel Palavecino, Delfor Rogelio Sandoval y Javier Antonio Romero. Las situaciones de Ruiz, Cruz y Malissia continúan pendientes de resolución en un debate oral.