La ministra de Educación de Salta defendió el funcionamiento de la unidad educativa 7160 y negó que se trate de una estructura ficticia destinada a concentrar cargos. Explicó que nació en 2004 para atender la educación en contexto de encierro, que luego fue utilizada para reubicar personal y que actualmente el Gobierno trabaja en su disolución y transferencia de cargos. Confirmó que entregará la documentación a la Justicia.
¿Qué puede explicar sobre los cargos registrados en la escuela 7160 y las denuncias que hablan de una "escuela fantasma"?
En primer lugar lamento profundamente la tergiversación que se hizo respecto de la 7160. No se trata de una escuela fantasma y mucho menos de un lugar lleno de "ñoquis". Eso es total y absolutamente mentira. La explicación tiene una parte compleja y otra sencilla. El sistema educativo atraviesa una crisis que viene de muchos años y que genera una situación de permanente reacomodamiento. Tenemos más de 2.500 unidades educativas y muchas veces necesitamos sacar recursos de un lugar para cubrir una necesidad en otro. La 7160 funcionó durante mucho tiempo como una suerte de rueda de auxilio del sistema educativo. Hay personas que figuran con cargos de esa unidad pero efectivamente están trabajando en escuelas, áreas administrativas o programas específicos.
¿Cuál es el origen de la 7160?
La 7160 nace alrededor de 2004, dentro del sistema de educación especial y en el ámbito del penal de mujeres. Era una estructura pequeña, destinada fundamentalmente a atender la educación en contexto de encierro. Posteriormente fue trasladada a la Comisaría del Menor de Castañares. Con los años y a través de sucesivos decretos, se fueron incorporando cargos y modificando su estructura. Después hubo un período en el que prácticamente desaparecen las referencias a esa unidad hasta que vuelve a tener una participación importante a partir de 2019, tras el fallo de la Corte Suprema que elimina la educación religiosa de las escuelas públicas en Salta.¿Cómo es que llegó a concentrar tantos cargos?
La 7160 comenzó a utilizarse para cubrir distintas necesidades del sistema. Un ejemplo son los maestros de religión. A partir del fallo de la Corte Suprema que impidió que la educación religiosa se dictara dentro del horario formal de clases, quedó un grupo importante de personas que tenían esos cargos. En 2019 se buscó darles una alternativa. Se los capacitó en aspectos pedagógicos y administrativos para que pudieran incorporarse al sistema. Algunos pasaron a hacer tareas docentes y otros tareas administrativas. Posteriormente se fueron haciendo conversiones y transferencias de esos cargos.
Entonces, ¿una persona que figura como personal de la 7160 está trabajando en otra escuela?
Sí. Y eso es justamente lo que queremos explicar. Una persona podía tener un cargo que originalmente figuraba como maestro de religión y ahora está desempeñándose en una escuela como docente, en tareas administrativas o en otra función para la que tuviera incumbencia. La 7160 tenía esa flexibilidad. Por eso hay personas que hoy están prestando servicios concretos en diferentes ámbitos del sistema educativo.
Pero en las listas que dieron origen a la denuncia aparecen personas vinculadas con el gremio ADP y familiares de dirigentes. ¿Cómo explica eso?
Hay que separar las cosas. Se mencionó, por ejemplo, a la hija del secretario de ADP y eso es absolutamente falso: no tiene ninguna designación. Las listas y la documentación oficial serán entregadas a la Justicia. Con ADP existe una historia que viene también desde hace años cuando se firmaron convenios mediante los cuales la Agremiación Docente Provincial aportaba infraestructura para jardines de infantes y el Ministerio de Educación proveía el personal. Esos acuerdos se mantuvieron mediante distintas normas. Hay docentes que figuran en la 7160 y que efectivamente trabajan en esos jardines en el marco de esos convenios. No es algo que haya creado esta gestión.
¿Y qué ocurre con quienes aparecen en otras áreas?
También hay casos concretos. Tenemos personal de la 7160 trabajando en el SINIDE, por ejemplo. Es un sistema que permite hacer seguimiento de casi 400.000 matrículas y que recientemente permitió implementar un sistema de alerta temprana para detectar situaciones que pueden llevar al abandono escolar. Tenemos muy poco personal para esa tarea y hay personas de la 7160 que trabajan allí. Lo mismo sucede con determinadas coordinaciones y programas. También existe la UPACE, que se creó para atender situaciones de crisis y violencia en establecimientos educativos. Parte del personal que trabaja allí pertenece a la 7160.
Así como se plantea, el tema genera controversias y sospechas de todo tipo...
Por supuesto. Nosotros estamos trabajando en eso desde hace tiempo. El 18 de mayo iniciamos un expediente que apunta a la disolución de la 7160 y a la transferencia de los cargos hacia los lugares donde efectivamente están prestando servicio. Si una persona está trabajando en un jardín, la idea es que ese cargo pase formalmente al jardín. Si está trabajando en otra dependencia estatal, que figure allí. Queremos transparentar y ordenar esa situación.
¿Cuántas personas están actualmente comprendidas en la 7160?
Quiero negar absolutamente que sean 300 personas, como se difundió. Son bastante menos. Estamos hablando de unas 200 y, con suerte, llegarán a unas 230 personas. Además, aproximadamente el 75% tiene más de cinco años de antigüedad y hay casos de hasta diez años, con cargos que se fueron renovando.
La denuncia habla también de una cantidad importante de cargos activos pese a que la unidad educativa ya no funciona como tal. ¿Cómo se explica?
Es parte del funcionamiento histórico del sistema. La 7160 no es el único caso. Tenemos 66 establecimientos educativos que dejaron de funcionar desde 2014 hasta ahora por falta de matrícula, y los cargos fueron utilizados para cubrir necesidades en otras escuelas. Hay mecanismos legales que permiten realizar ese tipo de reacomodamientos por razones de servicio. El problema es que muchas veces el cargo sigue figurando asociado a la unidad original aunque la persona esté trabajando efectivamente en otro lugar. Estamos avanzando en la regularización. Si alguien dejó una escuela que ya no funciona y está trabajando en otra, hacemos la transferencia y anulamos el cargo anterior.
¿Las 66 escuelas fueron cerradas formalmente?
No necesariamente. Y esto es importante. No he encontrado un precedente de un decreto específico de cierre de unidades educativas. Puede ocurrir que una escuela lleve años sin alumnos, pero que administrativamente siga figurando. Hay escuelas que actualmente tienen un alumno, cinco o seis alumnos. Cuando ya no haya matrícula, dejarán de estar operativas. El desafío es qué hacemos con esos docentes y con esos recursos.
Estamos frente a un problema que va a crecer por la caída de la matrícula...
Sí. Es un desafío demográfico que tenemos que abordar. Pero también puede ser una oportunidad para mejorar el sistema educativo. Si tenemos menos alumnos, podemos utilizar esa disponibilidad de docentes para reducir la cantidad de estudiantes por docente, reforzar áreas específicas como Matemática o Lengua y realizar una enseñanza más personalizada. Hoy tenemos información nominal del SINIDE. Podemos saber qué alumno tiene dificultades en Matemática, cuál las tiene en Lengua y qué tipo de acompañamiento necesita. El desafío es utilizar esa información y los recursos humanos disponibles para mejorar el aprendizaje sin dejar a ningún docente en la calle.
¿Cuánto representa económicamente mantener estos cargos?
Cada uno de esos cargos ronda los 700 mil pesos. Pero la 7160 tiene un presupuesto asignado. Lo que estamos haciendo es trabajar para que los cargos queden donde efectivamente se presta el servicio y que los anteriores sean anulados.
La denuncia ya está en manos de la Justicia. ¿El Ministerio entregará la documentación requerida?
Sí. Vamos a presentar toda la documentación oficial. Allí están los listados, las designaciones y las planillas de asistencia. Me parece bien que la Justicia investigue. Es una oportunidad para aclarar una situación que, a mi entender, fue tergiversada. La información oficial permitirá determinar quién está designado, dónde trabaja y qué función cumple.
La denuncia fue impulsada por una docente cesanteada. ¿Relaciona esa situación con el conflicto actual?
Cuando llegué al Ministerio había una situación de fuerte conflictividad docente. Al analizar el nivel de ausentismo encontramos docentes con más de 150 días de inasistencias injustificadas, entre las que estaba esta docente. La legislación establece que diez días de inasistencias injustificadas pueden ser causal de cesantía. Sin embargo, se realizó una investigación y un sumario, durante el cual los docentes tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. De los 127 casos que inicialmente estaban bajo análisis, finalmente quedaron 116 cesantes. Entre ellos estaba la docente que realizó esta denuncia.
¿Considera entonces que la denuncia puede estar vinculada con esa situación?
Yo no voy a hacer una valoración sobre eso. La docente presentó una denuncia y aportó documentación. La Justicia deberá determinar qué hay de cierto en cada uno de los planteos. Lo que puedo decir es que nosotros vamos a aportar información oficial. No vamos a basarnos en publicaciones de redes sociales, capturas de pantalla o listas que circulan sin verificar.
Finalmente, algunos sectores docentes reclaman incluso su apartamiento mientras avanza la investigación. ¿Qué responde?
Nosotros tenemos todo muy claro. Desde el primer momento dije que la 7160 no es una escuela fantasma ni que quienes trabajan allí son "ñoquis". Seguramente hay cosas que revisar y estamos trabajando en eso. El pedido de apartamiento es una cuestión que debe definir el gobernador. Los docentes tienen derecho a plantear lo que consideren y será el gobernador quien evalúe esa situación.
A mí me corresponde ahora demostrar ante la Justicia todo lo que estoy explicando. Tengo la documentación y no tengo nada que esconder.
Información de El Tribuno Salta