Los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, de la Unidad Fiscal, confirmaron la detención de Santiago Pedroza este miércoles en la vía pública, en el marco de la investigación por estafas vinculadas a la comercialización de terrenos. La medida se produce tras una serie de denuncias que comenzaron en 2023 y que incluyen alrededor de 40 familias damnificadas.
Según la denuncia, tras el desalojo de ocupaciones ilegales en terrenos sobre la ribera del río Arias, Pedroza se habría presentado ante las familias ofreciendo asesoramiento legal y la gestión de adjudicaciones, percibiendo pagos que iban desde $500.000 hasta casi $8 millones por familia, efectuados en efectivo o mediante transferencias en domicilios particulares o en su estudio jurídico, con entrega irregular de comprobantes.
El pasado 15 de mayo, la fiscalía solicitó un allanamiento en el estudio jurídico de Pedroza ubicado en calle Córdoba 271, en la ciudad de Salta, con la presencia de un veedor del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta. Durante la medida, se realizaron constataciones y se recolectaron elementos de prueba vinculados a la comercialización de lotes inhabitables, muchos de ellos declarados como inundables por organismos provinciales.
El allanamiento se originó a partir de la denuncia de un hombre de 35 años, quien declaró haber sido engañado en la adquisición de un lote en Atocha. La fiscalía continúa recibiendo denuncias de familias afectadas, y se estima que unas 400 personas podrían haber sido alcanzadas por la maniobra.
Situación de los terrenos
El Ministerio de Tierra y Bienes de Salta confirmó que los lotes ofrecidos carecen de habilitación legal y se encuentran en zonas inundables, lo que imposibilita el asentamiento seguro de viviendas. Además, se indicó que las gestiones judiciales y administrativas mencionadas por el abogado no tenían sustento, ni constancia de trámites ante Recursos Hídricos u otros organismos.
Esta situación agrava la exposición de las familias damnificadas y refuerza la hipótesis de maniobra fraudulenta en la que se habrían aprovechado de la necesidad de los compradores.
En las próximas horas, Pedroza será presentado ante la audiencia de investigación penal preparatoria, donde se formalizarán los cargos y se determinarán medidas cautelares. La fiscalía continúa recibiendo documentación de las víctimas, incluyendo comprobantes de pago y contratos, para profundizar la investigación y esclarecer la magnitud del perjuicio.
Los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena reiteraron que la investigación apunta a proteger a las familias afectadas y desarticular la presunta organización que permitió la comercialización de terrenos inhabitables a escala masiva.