La causa por la presunta usina de noticias falsas atribuida al ex diputado nacional salteño Emiliano Estrada, dio un nuevo paso en la justicia federal. Fuero al qee llegó luego de una disputa de competencias.
El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió este martes que se lo cite a declaración indagatoria por el delito de peculado de trabajo y servicios, al considerar que habría usado en provecho propio tareas pagadas por el Estado.
El pedido elevado al juez federal a cargo de la causa, Sebastián Casanello, según el texto citado por el portal Infobae, Estrada habría aprovechado el trabajo de dos asesores pagados con fondos del Congreso, que se dedicaban a producir y viralizar videos escudados en el anonimato de las redes sociales. Para la fiscalía, esa conducta encuadraría "prima facie" en la figura de peculado. Como en toda causa en trámite, el dirigente goza de la presunción de inocencia.
Una maraña de cuentas en redes sociales
La investigación se conoció en enero del año pasado, cuando se presentó una denuncia formal contra Estrada. Se lo acusó de usar recursos públicos para sostener cuentas anónimas en TikTok, desde las cuales se difundía información falsa contra funcionarios, empresarios y periodistas. Buena parte del contenido vinculaba al gobierno salteño con el narcotráfico.
La causa comenzó en la Justicia provincial. Allí, Estrada llegó a ser imputado por intimidación pública, en una investigación de la fiscalía de ciberdelitos a cargo de la fiscal Sofía Cornejo. Uno de los blancos principales de las cuentas era pegarle al gobernador Gustavo Sáenz, enfrentado con Estrada en la interna peronista. En esa causa del fuero provincial dos empleados del legislador en el Congreso declararon que era el propio diputado quien definía los contenidos, enviaba los guiones y aprobaba los videos ya editados antes de su publicación. Por dichas confesiones mediante juicio abreviado ambos empleados fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión condicional como partícipes secundarios del delito de difamación en redes.
Si bien el legislador fue señalado como principal responsable, la causa se desdobló entre el fuero provincial y federal por los fueros parlamentarios de Estrada. Un tercer integrante del equipo, investigado por la fiscal de Ciberdelitos Sofía Cornejo Solá, fue sobreseído antes de la elevación a juicio.
Del fuero provincial al federal
La Cámara Federal porteña ordenó el pase del expediente a Comodoro Py, por el origen público de los fondos y porque la supuesta usina habría funcionado en las oficinas de Estrada en la Cámara de Diputados. En diciembre de 2025, la jueza federal de Garantías N° 2 de Salta, Mariela Giménez, hizo lugar a la imputación por peculado que había pedido el fiscal general Carlos Amad, en el marco de la discusión de competencia entre ambos fueros.
Fue así que el caso llegó a la Corte Suprema y los hechos quedaron detallados en el dictamen del procurador, que dio cuenta de la existencia de dos causas penales paralelas: una por la difusión de noticias falsas y otra por el uso de recursos estatales para financiarla.
Casanello ahora deberá decidir si hace lugar al pedido del fiscal y fijar fecha para la indagatoria.