Los diputados aprobaron el proyecto de ley para establecer reconocimiento, promoción, preservación y protección de la Lengua de Señas Argentina (LSA).
La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley para establecer como política prioritaria el reconocimiento, la promoción, preservación y protección de la Lengua de Señas Argentina (LSA) para facilitar efectivo acceso a la comunicación y plena inclusión de las personas sordas.
En sus puntos principales, estipula que las organizaciones representativas, conformadas por personas sordas y que se encuentren oficialmente constituidas con domicilio en Salta, son órganos legítimos de consulta para el Estado provincial en materia de políticas públicas referidas a la LSA.
Además, garantiza que las infancias sordas accedan a la adquisición natural de la LSA en la etapa crítica del desarrollo del lenguaje en edad temprana, con el fin de evitar el síndrome de privación lingüística de la misma.
Impulsa la creación de un Comité de Asesoramiento Permanente en Comunidad y Cultura Sorda, conformado por un equipo interdisciplinario formado en la temática e incluirá referentes para asesorar y orientar a padres y familiares de bebés sordos desde el momento de la detección de la hipoacusia.
Prevé implementar un Registro y Matriculación Oficial Provincial de profesionales o idóneos que brinden servicios de traducción, interpretación y enseñanza de la LSA, hasta tanto se creen colegios para regular el ejercicio profesional.
También prevé la incorporación de contenidos en el marco de la Ley provincial 8.315, que establece la capacitación obligatoria en temáticas vinculadas a la discapacidad y el uso de nuevas tecnologías para asegurar servicios de traducción e interpretación.
La ley también contempla la participación de organizaciones representativas de personas sordas como órganos de consulta en el diseño de políticas públicas vinculadas a la comunidad.
La diputada Laura Cartuccia, titular de la comisión de Salud, subrayó que la ley, que ahora pasó al Senado, es fruto de un trabajo colectivo, principalmente de organizaciones de la comunidad sorda, enfatizó que constituye un paso clave en materia jurídica para el fortalecimiento de políticas públicas integrales y consideró que viene a saldar una histórica deuda con este importante sector de nuestra provincia.
