Desde 2024, médicos, funcionarios y operadores políticos participaban en un esquema que entregaba beneficios ilegales a cambio de favores electorales
Una compleja red criminal dedicada a la tramitación ilegal de pensiones por invalidez en la provincia de Salta quedó bajo el foco de la Justicia tras una investigación coordinada por la Unidad Fiscal Federal de Salta.
El caso, que involucra a profesionales de la salud, funcionarios y operadores políticos, expone un esquema sistemático de corrupción que otorgaba beneficios económicos a personas sin enfermedades a cambio de favores electorales.
El origen de la causa se remonta a noviembre de 2024, cuando una denuncia preliminar reveló la existencia de maniobras sospechosas en el otorgamiento de pensiones. La magnitud del entramado llevó a que, en junio de 2025, el fiscal federal formara un equipo especial con miembros de tres fiscalías descentralizadas. El grupo, con colaboración de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” de Gendarmería Nacional, avanzó en el entrecruzamiento de datos de beneficiarios del sistema previsional para identificar irregularidades.
La operatoria ilegal se encontraba aceitada y era coordinada, según se informó, por un ex funcionario municipal de una localidad del departamento de Anta. El esquema funcionaba a través de punteros políticos que identificaban a familias vulnerables o numerosas, ofreciéndoles la gestión de pensiones fraudulentas. Como contrapartida, los beneficiarios debían comprometer su voto a favor de quienes facilitaban el acceso al beneficio.
La red contaba con la colaboración de médicos, bioquímicos y enfermeros vinculados a funcionarios políticos. Estos profesionales eran responsables de extender certificados médicos, recurriendo a diagnósticos repetidos como enfermedad de Chagas y graves desviaciones en la columna vertebral. El circuito culminaba en una mesa de auditoría médica local, donde se validaban los falsos diagnósticos para aprobar los trámites.
Y de acuerdo con las pruebas recolectadas en la causa, la organización utilizaba laboratorios propios para fraguar resultados clínicos y falsificar placas radiográficas. Se detectó que, en varios expedientes, un mismo estudio médico era copiado y reutilizado para justificar la discapacidad de distintas personas. Además, funcionarios sin formación médica firmaban certificados de discapacidad, lo que agravó las imputaciones.
Los punteros políticos desempeñaban un papel clave en la captación de beneficiarios. Reclutaban a personas de escasos recursos o familias numerosas para incluirlas en el circuito fraudulento. A cambio, exigían el voto en elecciones a los integrantes del grupo que facilitaba las gestiones.
La pesquisa determinó que la maniobra se había naturalizado en la zona y que el esquema contaba con la protección de funcionarios municipales y el aval de profesionales de la salud que, en algunos casos, integraban equipos médicos de hospitales públicos y clínicas privadas.
La investigación judicial, que comenzó en noviembre de 2024, permitió establecer que el fraude en la tramitación de pensiones por invalidez no solo tenía fines económicos, sino que estaba vinculado a la obtención de favores electorales. El sistema se sostenía gracias a la connivencia entre operadores políticos, profesionales de la salud y funcionarios públicos, según establecieron los fiscales a cargo del caso.
En septiembre de 2025, el juez de Garantías N° 1 ordenó allanamientos simultáneos en clínicas privadas, hospitales públicos y domicilios particulares. Los procedimientos permitieron secuestrar documentación clave y soportes informáticos que confirmaron la existencia de la red. La evidencia recabada derivó en las primeras imputaciones formales por asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El análisis de la documentación incautada permitió profundizar la hipótesis fiscal y, este pasado martes, se ejecutó una segunda etapa operativa. Por disposición del Juzgado Federal de Garantías N° 2, se realizaron nuevos allanamientos en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal. En total, las fuerzas de seguridad intervinieron en nueve objetivos diferentes.
Durante los operativos, se hallaron radiografías de tórax y columna pertenecientes a distintas personas. El 90 % de esas placas presentaba desviaciones de columna, muchas con espacios en blanco para completar el nombre del paciente. También se incautaron estudios clínicos con resultados positivos de “chagas”, en su mayoría copias de otros estudios no originales.
En una de las viviendas allanadas, la fuerza de seguridad encontró un archivo con certificados médicos firmados por funcionarios que no eran médicos. Este hallazgo reforzó la hipótesis de que el fraude era extendido y contaba con el aval de distintos estamentos institucionales.
Tras la finalización de los últimos operativos, las autoridades judiciales confirmaron que la Justicia evalúa las nuevas pruebas recolectadas. El objetivo es formalizar la imputación de ocho personas más, entre las que figuran tres médicos y nuevos funcionarios políticos de la provincia.