Los alumnos de la Escuela de Cadetes y de las Escuelas de Suboficiales de la Policía de Salta que aprueben su plan de estudios dejarán de ingresar de forma automática a la fuerza y pasarán a una modalidad denominada "Reserva para Incorporación Oportuna". La medida quedó formalizada en la Resolución Nº 1061 del Ministerio de Seguridad, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia.
La norma aclara que terminar el cursado "no garantiza el ingreso automático a la planta permanente" y que la incorporación quedará supeditada a la existencia de vacantes y a la autorización presupuestaria pertinente. La disposición rige desde ahora y comprende a quienes actualmente transitan sus carreras.
El cupo de ingreso se fijará cada año según las vacantes y el crédito que autoricen la Coordinación Administrativa de la Gobernación y el Ministerio de Economía y Servicios Públicos. Al concluir el cursado se elaborará un Orden de Mérito General, que considerará promedios académicos, aptitud policial y conducta. Las incorporaciones seguirán estrictamente ese listado hasta completar los lugares habilitados, sin perjuicio de los restantes requisitos que exija la normativa vigente.
Mientras dure la reserva, indica la resolución, la Jefatura de Policía deberá diseñar, a través de la Dirección General de Educación Policial, cursos de perfeccionamiento voluntarios y optativos.
En sus fundamentos, el Ministerio sostiene que la Administración no está jurídicamente obligada a disponer el ingreso inmediato de todos los egresados, ya que aprobar el trayecto no equivale a adquirir de forma automática la condición de agente policial.
El texto se apoya, además, en el Decreto Nº 206/2026, que establece el congelamiento de vacantes y de nuevas contrataciones de servicios personales en toda la administración pública provincial. Invoca asimismo la Ley Nº 8.518 de Presupuesto 2026, cuyo artículo 14 condiciona cada alta en las plantas a la existencia de cargos sin cubrir y de partidas suficientes, y subordina la ejecución de cualquier gasto a la percepción real de recursos por parte del Estado.