El funcionario sostuvo que es necesaria una ley de derribo, entre otras acciones, para enfrentar numerosos vuelos irregulares, por lo general cargados con drogas, que pasan por la frontera.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y la la diputada nacional por Salta de La Libertad Avanza, Eliana Bruno, pidieron a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y su par de Defensa, Carlos Presti, una intervención urgente para tratar la “intercepción de vuelos furtivos en la región del NOA”.
Zigarán y Bruno hicieron este pedido a través de una nota a la que adjuntaron una iniciativa de ley de “Régimen de Protección del Espacio Aéreo y Reglas de Enfrentamiento para Aeronaves Hostiles Vinculadas al Narcotráfico”, más conocida como Ley de Derribo.
“Entiendo que hay cuestiones en común que van más allá de la ideología”, respondió el funcionario saencista al ser consultado por Salta/12 respecto de su gestión conjunta con Bruno. Afirmó que incluso tomó a la legisladora libertaria como referente ya que ella vive en la ciudad de Orán (municipio cabecera del departamento del mismo nombre) y por lo tanto conoce la situación en la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia. El municipio de Aguas Blancas linda con el vecino país.
El interventor municipal recordó que la propuesta de ley de derribo ya fue mencionada por el gobernador Gustavo Sáenz hace un par de meses y que podría reforzarse además en lo que, a su entender, es el necesario relanzamiento del Plan Güemes.
No obstante, lecturas políticas que afirman que esta presentación conjunta tendría que ver más con una interna del libertarismo salteño entre un bando representado por la senadora nacional María Emilia Orozco y el diputado nacional Carlos Zapata con otro en el que se encuentra Bruno. Esta grieta se notó con la última visita de la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Petovello, quien dio un tirón de orejas a legisladores provinciales de LLA por entender que confrontaban a Sáenz.
“Vulnerabilidad crítica”
En la nota elevada a los funcionarios nacionales, el interventor y la diputada nacional afirman: “La extensa y compleja geografía de nuestra frontera norte expone a la región, en especial a la localidad de Aguas Blancas que limita con Bolivia, a una vulnerabilidad crítica que es explotada de manera sistemática mediante la modalidad de vuelos clandestinos y subrepticios”
.Es así que pidieron a las carteras nacionales “evaluar e implementar un protocolo de intercepción, analizando la viabilidad operativa y legal de restituir o dictar normativas de protección del espacio aéreo que contemplen el uso de la fuerza contra naves hostiles e identificadas como amenazas como último recurso, garantizando el pleno apego a los compromisos internacionales (Ley de Derribo)”. El antecedente normativo es el decreto presidencial de Mauricio Macri, N° 1054 de 2018, que disponía el derribo de aeronaves con ingresos clandestinos. La norma nunca se debatió en el Congreso. Zigarán afirmó que ese debate es necesario.
Otro punto solicitado fue el fortalecimiento del Plan de Radarización con instrumentos tácticos móviles y de alerta temprana en los puntos críticos de la frontera salteña para eliminar las denominadas “zonas ciegas” utilizadas por la aviación ilegal.
También solicitaron evaluar la articulación de fuerzas federales y provinciales “para la captura de cargamentos y tripulaciones una vez detectados los descensos o bombardeos de estupefacientes”.
En ese marco, acercaron un proyecto de ley de derribo, para que se una a las demás iniciativas que ya existen en el Congreso. El proyecto de Bruno y Zigarán prevé que la orden final de derribo “deberá ser emitida de forma escrita o digital con firma ológrafa/digital por el presidente de la Nación, o en su defecto, por el ministro de Defensa o de Seguridad”.
Una de las críticas más firmes respecto de este tipo de iniciativas es que implica prácticamente una pena de muerte sin juicio previo a quienes están manejando las aeronaves.