En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó incluir en el Código Contravencional mayores sanciones para quienes, sin autorización, cobren estacionamiento en la vía pública.
Al respecto, se aclaró que si bien son los Municipios los encargados de determinar las calles que son pasibles de tener permisionarios que cobren el estacionamiento medido, la norma en cuestión también establece la creación de una base de datos provincial para conocer quiénes están autorizados para la tarea, por ello se insta a los Municipios a que desarrollen un mecanismo de identificación de los permisionarios, quienes deben poseer una credencial oficial con nombre completo, foto, legajo y código QR.
Esta plataforma contará con los datos de todas las personas que realicen la tarea, así como la duración de la autorización para ejercerla.
La inclusión de artículos al Código establece mayores sanciones a quienes cobren el estacionamiento sin estar debidamente autorizados. Así, se sancionará con 50 días de arresto o 50 días multa – lo que equivale a $360.000 – para este primer caso, en tanto que la multa será de 20 días para quienes, autorizados, no cuenten con los requisitos enumerados.
También se aclaró que la sanción se agrava cuando se descubriera que las personas son parte de una organización o realizan el cobro en cercanías a espectáculos públicos.
El proyecto, aprobado, pasa al Senado nuevamente en revisión.
El intendente de Salta, Emiliano Durand, uno de los impulsores de la norma, remarcó que la iniciativa busca dotar de mayores herramientas a la Policía y al sistema judicial para intervenir en estos casos.
El jefe comunal expresó que a partir de esta la ley, “la Policía y, sobre todo, las fiscalías contarán con más herramientas para ayudarnos en esto”.
En ese marco, explicó que el municipio no puede actuar directamente frente a estas situaciones. “Hay que recordar que no existe la policía municipal. El municipio no puede llevarse detenido a nadie ni imponer ese tipo de sanciones”, explicó.
El jefe comunal subrayó que se trata de una contravención cuya aplicación depende de las fuerzas de seguridad y, en última instancia, de la Justicia.