El dato surge en una ronda de testimonios en la audiencia de debate celebrada este martes frente al Tribunal interviniente.
Este martes aconteció el segundo día de la audiencia de debate por la causa que lleva al banquillo de los acusados a 20 personas sospechadas de integrar una banda narcocriminal que operaba en el penal de Villa Las Rosas. El comisario Juan Pablo Sánchez, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos que depende del CIF, testificó que de las investigaciones se descubrió que Lautaro Teruel habría sido beneficiado con traslados y un régimen de detención más favorable gracias a gestiones realizadas con dos acusados.
Sánchez explicó que con relación a la estructura de la organización uno de los acusados de nombre Baldomero Darío Córdoba fue identificado como el nexo externo en el circuito delictivo. El comisario indicó que era el encargado de canalizar el dinero hacia los funcionarios penitenciarios. Ejemplificó este mecanismo con el caso del interno Lautaro Teruel, quien habría sido beneficiado con traslados y un régimen de detención más favorable gracias a gestiones realizadas por Córdoba y Francisco Arturo Bisceglia, uno de los agentes del Servicio Penitenciario.
Detalló que Teruel fue trasladado al pabellón F, destinado a exfuncionarios de fuerzas de seguridad, tras el pago de sumas de dinero. Indicó que si bien se intentaba que esas operaciones fueran en efectivo para evitar trazabilidad, una de las transacciones quedó documentada: una transferencia de $100.000 realizada por Córdoba a una cuenta bancaria a nombre de la esposa de Bisceglia. Este movimiento, señaló, fue acreditado por el análisis forense de dispositivos electrónicos.
Al ser consultado por la Fiscalía sobre otras solicitudes vinculadas a este interno, respondió que se gestionaba cualquier trámite que pudiera mejorar sus condiciones de detención, incluyendo atención médica preferencial. Remarcó que todas las gestiones eran coordinadas por Córdoba, quien incluso instruía sobre cómo justificar los pagos y qué argumentos utilizar ante el servicio penitenciario.
Fuente: Ministerio Público Fiscal
