Tribuno entrevistó a la fiscal penal juvenil N°2, Carolina Hernández, en el marco de la ola de amenazas de tiroteos en escuelas que se viralizó en los últimos días en Salta.
Carolina Hernández, fiscal penal juvenil N°2, advirtió que ya hay más de 30 causas abiertas por amenazas de tiroteos en las escuelas de Salta, y que el sistema se encuentra exigido por la cantidad de intervenciones. Señaló además que el fenómeno no solo creció en volumen, sino que también descendió en edad, con casos que ya involucran a alumnos de primaria. En ese contexto, remarcó que no se trata de bromas, sino de un delito tipificado como intimidación pública, que se configura desde el momento en que se difunden mensajes o amenazas de este tipo.
Coméntenos cuál fue la actuación fiscal ante todas estas denuncias de amenazas de tiroteos en las escuelas.
Yo estoy como fiscal penal juvenil, soy la número dos, estoy de turno. Los turnos en nuestras fiscalías, las penales juveniles, que solo tenemos dos en la provincia de Salta, son de un mes, así que estoy todo el mes de abril de turno. En cuanto a lo que usted me decía, ¿y por qué le aclaro esto? Porque es la competencia que tengo, por eso me toca intervenir a mí. Los hechos que pasaron la semana pasada y que transcurrió ahora en todo abril.
Qué hicieron ante estas denuncias?
Ante las primeras consultas, y ya habiendo visto lo que estaba ocurriendo en todo el país, que era un desafío de TikTok, son muchos años trabajando con niños, niñas y adolescentes, y sabemos que estas conductas se repiten, se copian de alguna manera, por decirlo en los términos más sencillos. Previmos desde la fiscalía unas directivas ya armadas. ¿Por qué? Porque la policía, ante la denuncia, llama, consulta y pide las medidas a tomar. Entonces armamos estas directivas para que sean iguales para todos.
¿Cuántas intervenciones tuvieron?
No lo va a creer, pero perdimos la cuenta. Porque pensamos en un primer momento que con las noticias del viernes de que habían jóvenes privados de la libertad y dos menores, o niños, porque para la Convención Internacional de los Derechos del Niño toda persona menor de 18 es un niño, pensábamos que con esa noticia, y quizás una conversación en las familias, talleres en las escuelas, esto iba a ir bajando en la intensidad. Pero al contrario, ha subido. Está bajando en la edad, ya nos están haciendo consultas por chicos de la primaria. Las primeras consultas han sido de adolescentes de los dos últimos años del secundario. Ahora estamos teniendo consultas de cuarto y quinto grado de primaria.
El viernes, que fue el día más crítico de la semana pasada, Hubo cuatro detenciones y dos personas demoradas...
En el caso de las personas menores de 18 años, hay un artículo específico de la ley penal juvenil, que es el 3, inciso h, que indica el alojamiento es en el instituto especializado de menores en conflicto con la ley penal.
Entonces, ¿cuántos detenidos fueron?
Uno correspondiente a esta fiscalía en un único hecho, que había mandado un whatsapp con un arma anunciando un tiroteo al otro día en la escuela República de la India.
Ese es el único menor. Los otros no son menores...
Ahí viene la otra aclaración. En el otro caso que intervino el fiscal número tres, el doctor Córdoba, había dos mayores, porque después de los 18 para la ley penal ya es mayor, y uno menor de edad. Entonces, ya la competencia determinada por la ley en la provincia de Salta es para el fiscal de mayores. En términos jurídicos, el fuero de atracción es del fiscal ordinario al especializado. Para que se entienda, cuando tenemos mayores y menores interviene el de mayores, no el de menores. La fiscalía de menores solo interviene, y el juez de garantía penal juvenil, en cuanto a las medidas socioeducativas de la persona menor de edad.
Entonces, el viernes había cuatro detenidos: uno solo en una causa, el que se lo conoce como de República de la India, que era de esta fiscalía, y tres en otra causa, donde había un menor y dos mayores.
Usted me dice que esta semana se sucedieron nuevas consultas, incluso de menores de primaria.
Sí.
¿Cuáles eran esas consultas concretamente? ¿A qué se atañían?
Se atañían a lo que es grafiti. Por ejemplo, el caso del menor de República de la India, ese ha sido un mensaje en un grupo de la escuela, pero no estaba a su nombre.
Entonces, ese mensaje que llega a manos de las autoridades de la escuela. Y hacen la consulta al atardecer, tipo siete de la tarde aproximadamente. Se trabajó toda la noche en detectar quién era el autor del hecho. Y al otro día en la mañana, con, por supuesto, todos los procedimientos legales, la autorización del señor juez de garantías, que es el que está de turno y también por un mes es el juez número tres, el doctor Fernández Esteban, se procedió a la detención.
Se detectó entonces quién era el autor. ¿Qué decía ese mensaje?
Ese mensaje era una foto de un arma y decía: "No vayan mañana al colegio, ahí tiroteo".
¿En un grupo de WhatsApp de los estudiantes?
En un grupo que tenía el título de tareas o nombre del grupo "tareas".
¿Y en el otro caso?
En el otro caso era un grafiti en el baño del colegio.
¿Y en los chicos de primaria también corresponde a grafitis o cuál fue el elemento?
De distinto tipo. Hemos tenido grafitis, notitas puestas en el escritorio de la maestra, mensajes en el pizarrón, múltiples mensajes. Incluso, yo ya he visto en los medios que hay críticas, por supuesto, siempre vamos a recibir críticas, que dicen que esto era una broma y que cómo lo podemos haber tomado en serio.
Ante los hechos que han ocurrido hace un mes en Santa Fe, ante que los chicos hoy en día, los niños, niñas y adolescentes, actúan conforme a lo que hacen sus pares, y muchas veces hacen más caso a sus compañeros o a sus pares que a los padres o a los docentes o a los adultos que son los responsables, nosotros no podemos pensar que es una broma. Tenemos que pensar que puede ocurrir un hecho de violencia y que hay riesgo para la integridad física del colectivo alumno de la escuela en donde se hace esa amenaza.
Entonces, esto está llevando a un cúmulo de trabajo enorme, no solo de la fiscalía, sino también de la policía. La policía está también, porque nosotros tenemos que darle directiva para que actúe, y la policía últimamente se está teniendo que abocar prácticamente y exclusivamente a atender estos casos, cuando hay muchos otros hechos en la provincia, en el distrito centro, que merecen la atención también. No se los está descuidando, sino que estamos con el sistema completo: se ha sobrecargado.
¿Qué diligencias dispuso para atender estos casos?
La primera diligencia en los casos de los grafitis ha sido que intervenga Criminalística, a fin de que se tomen todas las medidas que esa ciencia establece, o sea, las fotos del grafiti, la altura que estaba desde el piso y todo lo demás, la posibilidad de tomar huellas dactilares.
¿Por qué es importante esa intervención?
Porque si se identifica el autor, ese autor puede decir "yo no he sido", y es su derecho. La Constitución nos presume a todos inocentes. Para llegar a probar que alguien escribió el grafiti, va a necesitar ver si había dejado alguna huella, una pericia caligráfica, si coincidía con la altura de la persona, si era zurdo o diestro. Son medidas que se piden, pero esto implica mucho trabajo para Criminalística.
¿Se tomaron medidas preventivas?
Como medida de prevención, se dispuso revisar las mochilas. Esto generó resistencia en centros de estudiantes y algunos padres. No se revisó a las personas, solo las mochilas, para verificar que no hubiera armas.
¿En varios colegios?
En todos los que hicieron consultas. Ahora no estamos pudiendo hacer actuar a Criminalística porque no da abasto.
¿Y las pericias?
Se hacen todas las pericias correspondientes. También entrevistas a directivos, docentes y celadores. Como no había protocolo específico, armamos uno. Se parte de un grupo grande y se va achicando, buscando posibles situaciones de bullying u otros factores que permitan identificar al autor.
¿Esto se trata como delito?
Sí. Es intimidación pública. Se consuma cuando se anuncia un mal grave e inminente para un grupo. No es una broma. Tiene pena de dos a seis años. Pena que puede corresponde a una pena de privación de la libertad.
¿Se secuestraron celulares?
Sí, hay teléfonos secuestrados y se realizan pericias.
¿El sistema está sobrecargado?
No da abasto ni la brigada ni el CIF.
¿Vivió algo similar?
No. Tengo treinta y ocho años de trabajo y nunca viví una situación así.
¿Qué ocurre con los identificados?
A todos se les abre una causa penal, por el delito de intimidación pública. No todos quedan detenidos, pero todos están siendo investigados, perdieron celulares que quedaron secuestrados. Hoy tenemos aproximadamente entre 36 o 37 con causa abierta. Incluso los menores de 16 años, no son punibles, tienen un legajo socioeducativo.
¿Qué implica ese proceso?
Que puedan ser oídos, hacer su descargo, tener defensa y un informe integral psicológico, psiquiátrico y ambiental. Todos están sometidos a un proceso.
¿La cantidad de casos es mayor?
Sí, hubo muchas más intervenciones, pero es difícil identificar autores, por ejemplo en grafitis. Se revisan cámaras, pero es complejo. Las cámara, por ejemplo, están afuera del baño donde se hizo el grafiti y entonces hay que revisar todos los que entraron al baño. Es un número inmanejable.
¿En qué tipo de colegios ocurrió?
En todos. Públicos, privados, de distintos barrios. No se salvó nadie.
¿Qué mensaje le deja a los padres?
Que hablen con sus hijos. No es una broma, es un delito. Y aunque algunos recuperaron la libertad, todos tienen causa.
¿Qué ocurrió con el caso de República de la India?
El joven accedió a una suspensión de juicio a prueba. Debe cumplir requisitos, como una tarea comunitaria que en este caso se traduce en una donación al instituto donde estuvo alojado. Se comprometió a trabajar con conocimientos de electricidad para reunir ese dinero. También pidió contar su experiencia a sus compañeros. Estaba arrepentido y no pensó que era un delito.