La provincia de Salta atraviesa días de incertidumbre debido a una ola de mensajes intimidatorios sobre supuestos tiroteos, que afectaron a numerosos establecimientos educativos locales, con una problemática vinculada a un aparente reto viral nacional que ha generado una preocupación generalizada, que obligó a la intervención directa de las autoridades provinciales.
En medio de estos hechos, se confirmaron novedades que reflejan la magnitud de esta situación, pues según informó el sitio Fiscales Penales, hasta la fecha se contabilizan 135 actuaciones preventivas, las cuales derivaron en 17 demoras y 6 detenciones bajo el delito de intimidación pública.
Estos datos trascendieron en torno a una reunión que encabezó el procurador General, Pedro García Castiella, con los ministros de Educación y Seguridad, Cristina Fiore y Gaspar Solá, para evaluar los alcances jurídicos de estas conductas, analizándose durante el encuentro, el despliegue de recursos policiales y la activación de los protocolos internos en cada institución afectada por las amenazas.
La ministra Fiore, aseguró que el dictado de clases no fue interrumpido y continuará desarrollándose con normalidad en toda la provincia; no obstante, advirtió que se evalúan sanciones disciplinarias severas para los responsables, aplicando normativas actuales sobre ciberacoso y violencia entre pares. Por su parte, el ministro Solá remarcó que los adultos responsables deberán enfrentar las consecuencias legales frente a las conductas delictivas cometidas por sus hijos.
Finalmente, se planificaron nuevas instancias de capacitación para fortalecer la detección temprana de estos comportamientos en los equipos educativos y fuerzas de seguridad. El objetivo central de esta estrategia conjunta es garantizar que las escuelas vuelvan a ser espacios seguros y libres de violencia para todos los salteños.