El gobernador Gustavo Sáenz volvió a reclamar al Gobierno nacional que reintegre los fondos que Salta está aportando para evitar la paralización de obras de infraestructura que se encuentran bajo responsabilidad de la Nación.
El mandatario señaló que la Provincia debió destinar recursos propios ante la falta de desembolsos nacionales y el riesgo de que las empresas constructoras abandonaran los trabajos o rescindieran los contratos. “Estamos aportando recursos provinciales para que las empresas puedan continuar
“Estamos aportando recursos provinciales para que las empresas puedan continuar trabajando y las obras no se paralicen, a la espera de que la Nación cumpla con los fondos comprometidos”, sostuvo Sáenz. El reclamo comprende las intervenciones sobre la ruta nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán; los tramos 2 y 3 de la ruta nacional 51; y la construcción del nuevo puente sobre el río Vaqueros junto con la circunvalación. “Vamos a seguir defendiendo lo que nos corresponde y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, porque los salteños no podemos seguir esperando”, afirmó el Gobernador al anunciar que exigirá la devolución de cada peso adelantado por la Provincia.
Casi $3.000 millones para la ruta 9/34
Uno de los casos más relevantes es la recuperación de poco más de 27 kilómetros de la actual traza de la ruta nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán. Para esa intervención, Salta prevé destinar entre $2.800 y $3.000 millones. Además, debió cancelar previamente una deuda de $570 millones vinculada con la obra para permitir el comienzo de los trabajos.
La intervención provisoria comprende fresado de la carpeta asfáltica, bacheo superficial y profundo, reconstrucción de la calzada y las banquinas y señalización. El convenio con Vialidad Nacional establece que estos trabajos no modifican el contrato correspondiente a la futura autopista, que continúa bajo jurisdicción nacional. Gobierno de Salta La Provincia también aportó asistencia financiera para evitar la paralización del puente de Vaqueros y asumió parte del costo de los trabajos sobre la ruta nacional 51.
Este último corredor es considerado estratégico para la producción minera y la conexión de la Puna salteña con los puertos del Pacífico. “Le corresponde al Gobierno nacional hacer, cuidar y mantener las rutas nacionales con los impuestos que pagan todos los argentinos cuando cargan combustible. Sin embargo, la Provincia está poniendo lo que no le corresponde para que no se paren y las empresas no se vayan”, cuestionó Sáenz.
Más de un billón de pesos no llegó al asfalto
El reclamo salteño se produce en medio de la polémica nacional por la administración del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso que recibe una parte del impuesto a los combustibles líquidos y tiene como destino específico la construcción, conservación y rehabilitación de rutas.
Una investigación elaborada a partir de balances contables, informes bancarios y documentación oficial determinó que entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SisVial $1.503.252 millones. Sin embargo, solamente $394.406 millones fueron aplicados a obras: una ejecución del 26,2% y una subejecución acumulada del 73,8%. Al cierre de mayo, $1.001.018 millones permanecían colocados en títulos públicos y plazos fijos, mientras otros $37.761 millones continuaban inmovilizados en una cuenta corriente. En total, más de $1,038 billones no habían llegado a las rutas. La distribución territorial también generó cuestionamientos. Del total efectivamente ejecutado, Salta recibió apenas el 0,94%, mientras que Jujuy concentró el 14,35%. La comparación completa, no obstante, requiere considerar la extensión de la red nacional y las obras asignadas en cada jurisdicción.
El reclamo se coló en el Concejo capitalino
La controversia ingresó este miércoles al Concejo Deliberante de la ciudad de Salta a través de una alocución de la concejala oficialista Eliana Chuchuy, presidenta del bloque Por Salta.
Durante el espacio de manifestaciones, la edil calificó la situación como de “enorme gravedad” y reclamó que todo el arco político provincial se pronuncie por los recursos que, según sostuvo, le corresponden a Salta. Chuchuy llevó al recinto los datos sobre la recaudación del SisVial y remarcó que, de los $1,5 billones reunidos, solamente se ejecutaron $394.406 millones. También señaló que Salta recibió una proporción inferior al 4%, aunque el relevamiento difundido ubica concretamente la participación provincial en el 0,94%.
La concejala vinculó la subejecución con las declaraciones de Ravier y sostuvo que la utilización de recursos con afectación específica podría configurar una malversación. Se trata de la misma hipótesis que deberá analizar la Justicia a partir de la denuncia penal presentada contra funcionarios nacionales. “Con esos fondos podríamos tener muchas más obras, avanzar con los planes viales de las zonas norte y sur y generar inversión en infraestructura para los barrios populares”, planteó Chuchuy.
La edil recordó además que fueron los salteños quienes aportaron inicialmente $570 millones para destrabar la intervención sobre la ruta 9/34, mientras la Provincia deberá realizar una inversión total cercana a los $3.000 millones. De esta manera, el reclamo de Sáenz sumó respaldo desde el oficialismo municipal y abrió un nuevo frente político: mientras Salta utiliza recursos propios para sostener rutas de jurisdicción nacional, más de un billón de pesos recaudados para infraestructura vial permanecía sin llegar al asfalto.