Un operativo policial permitió incautar más de 200 kilos de marihuana y cocaína, lo que derivó en la imputación y prisión preventiva de los dos sospechosos mientras avanza la investigación
El procedimiento comenzó con efectivos de la Policía de Salta en un punto de control vial, donde detectaron inconsistencias en la documentación de un automóvil conducido por J.L.M. Durante la requisa, la Policía encontró 17 kilos de marihuana en el baúl y más de un kilo de cocaína debajo del asiento. El hombre quedó detenido en ese momento y el caso pasó a la Dirección General de Drogas Peligrosas.
Las autoridades hallaron además comprobantes de pago de expensas vinculados a un departamento en la zona sur, lo que orientó la investigación hacia un posible lugar de acopio. Según El Tribuno, la fiscalía federal solicitó un allanamiento en ese inmueble. Allí, los agentes secuestraron nueve bolsas de arpillera con 188 kilos de marihuana y casi 400 gramos de cocaína, además de documentación relevante para la causa.
Durante el operativo en la vivienda allanada se presentó la pareja del detenido, S.A.B., quien fue arrestada luego de que testigos aseguraran que convivía con J.L.M. en ese inmueble. El movimiento constante de personas en el departamento seria uno de los elementos que va a ser analizado para determinar si el sitio funcionaba como punto de almacenamiento o distribución de estupefacientes.
La cantidad de droga incautada superó los 205 kilos y estaba acondicionada en distintos paquetes, lista para su fraccionamiento y posterior distribución en la provincia. La Fiscalía Federal de Transición y el Juzgado Federal N°1 de Salta coordinan la investigación, que ahora apunta a esclarecer el origen del cargamento, identificar el destino final y determinar si existen otros implicados en la red de tráfico.
El juez federal Julio Bavio formalizó la imputación por transporte, acopio y comercialización de estupefacientes. En el caso de J.L.M., la prisión preventiva fue fijada por 60 días, mientras que para S.A.B. la medida se dictó por un plazo inicial de 10 días, al considerar la gravedad del caso y el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. La decisión incluyó el levantamiento del secreto bancario y bursátil de los acusados, así como la realización de peritajes sobre la droga y los dispositivos electrónicos secuestrados.
La fiscalía consideró que el volumen de droga y los elementos hallados refuerzan la hipótesis de una maniobra vinculada a una estructura criminal más amplia. “Las evidencias permiten suponer la existencia de una organización narcocriminal mayor”, sostuvo el fiscal Carlos Martín Amad. Además, remarcó la importancia de asegurar el análisis de los teléfonos y la reconstrucción patrimonial de los imputados para esclarecer el circuito de distribución.
Durante la audiencia judicial, la defensa de S.A.B., quien cursa un embarazo de tres meses, solicitó el arresto domiciliario, argumentando su desconocimiento de las actividades ilícitas de su pareja. “Mi pareja no tiene nada que ver con esto, ella no sabía lo que yo hacía”, declaró J.L.M. ante el juez. La fiscalía se opuso, aludiendo a la necesidad de preservar la investigación.
La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que profundizará los peritajes y el análisis de los bienes y documentos incautados. Además de la droga, los agentes secuestraron dos motocicletas de alta cilindrada, una balanza de precisión y documentación de interés. El caso forma parte de una serie de operativos recientes que permitieron desarticular redes de tráfico en la región, involucrando a múltiples dependencias y recursos federales.
La investigación sigue abierta y las autoridades buscan identificar si existen otros integrantes, proveedores o destinatarios del cargamento, así como reconstruir el flujo de dinero y las conexiones entre distintos domicilios y puntos de venta.
Información de Infobae