El abogado Rodrigo Solá, actual representante de Salta ante el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, dio detalles de las condiciones de detención que hay en los penales y alcaidías de la provincia.
En las cárceles y alcaidías de Salta hay personas que duermen en el piso, sin colchón o con restos de gomaespuma, una realidad que, según advierten desde los organismos de control, se repite de manera sistemática. "En cada celda que entramos contamos cuántas personas hay, cuántas camas, cuántos colchones y cuántas están directamente en el piso", explicó el abogado Rodrigo Solá, actual representante de Salta ante el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. "Eso se repite en casi todo el sistema".
Ese escenario condiciona de manera directa cualquier intento de resocialización. "Es muy difícil generalizar, pero hay que decir que el propio sistema no puede responder a toda la población", sostuvo Solá en el streaming de diario El Tribuno. La falta de cupos laborales, el acceso limitado a la educación y la escasez de equipos técnicos hacen que el objetivo central de la pena quede desdibujado. "No hay psicólogos ni trabajadores sociales suficientes, no hay talleres para todos, no hay educación para que todos puedan acceder de la misma manera", señaló. Aunque existen casos individuales de reinserción exitosa, aclaró que "no están dadas las condiciones generales para que eso suceda de manera fácil".
La Alcaidía de Salta es el ejemplo más extremo de esta crisis. "Es una tragedia anunciada", afirmó Solá al referirse al incendio ocurrido a fines en octubre pasado, donde terminó muriendo una persona y otras dos sufrieron quemaduras graves. Con una capacidad para unas 350 personas, llegó a alojar cerca de 900. Al momento del incendio había alrededor de 600 detenidos. "En las celdas donde se produjo el incendio, que eran para ocho personas, había hasta 25. Era el triple", detalló. En ese contexto, advirtió, "cualquier plan de evacuación o de mitigación del riesgo es prácticamente imposible".
Si bien en los últimos meses se logró una reducción de la población alojada en la Alcaidía, el problema sigue lejos de resolverse. Parte de esa sobrepoblación se trasladó a otras unidades, como Villa Las Rosas, y continúa afectando a todo el sistema. "Cuando hablamos de un 40 por ciento de sobrepoblación, hablamos de una olla a presión", graficó Solá. "En esos niveles, cualquier conflicto menor puede escalar y terminar en un motín o en una tragedia".
Desde el Comité contra la Tortura remarcan que la emergencia carcelaria declarada en 2022 recién empezó a materializarse cuando intervino la Justicia, a partir de un habeas corpus que obligó a conformar mesas de trabajo entre los tres poderes del Estado. "Recién ahí se constituyó una mesa interpoderes, que veníamos pidiendo hace años", señaló Solá. A partir de ese acuerdo comenzaron a involucrarse áreas como Economía, Infraestructura, Salud y Educación, y se activaron proyectos para Orán, Tartagal y el sur de la provincia, además de la ampliación de la Alcaidía capitalina.
Sin embargo, el diagnóstico es contundente: la crisis no se resuelve solo con más infraestructura. "Todos los actores tienen que involucrarse: jueces, fiscales, defensores", sostuvo Solá. "No se puede mandar gente a resocializarse sin conocer cómo se vive adentro".
El Tribuno