Un camionero fue condenado en la ciudad de Salta a tres años de prisión de ejecución condicional por la muerte de un compañero de trabajo, quien cayó de la caja del vehículo y fue atropellado. El fallo, de fuerte impacto en el ámbito del transporte de cargas, vuelve a poner en primer plano la responsabilidad de los conductores y las condiciones de seguridad en los fletes.
El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2024, en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Victorio Toscano. Ese día, César Rogelio Canavidez, de 25 años, conducía un camión de flete cuando uno de los trabajadores que viajaba en la parte trasera perdió el equilibrio, cayó sobre el asfalto y fue embestido por el rodado, lo que le provocó la muerte en el acto o a los pocos minutos, según la reconstrucción judicial.
La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, que calificó el hecho como homicidio culposo por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor. En el marco de un juicio abreviado, las partes acordaron la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena en suspenso, lo que evitó la realización de un debate oral y público.
Durante la audiencia, Canavidez reconoció los hechos y aceptó la calificación legal propuesta. La jueza del Distrito Centro, Mónica Mudsky, homologó el acuerdo y dictó una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, acompañado de una serie de medidas accesorias que buscan prevenir nuevas conductas riesgosas.
Inhabilitación para conducir y medidas complementarias
Además de la pena principal, la magistrada resolvió inhabilitar al camionero para conducir vehículos por el plazo de seis años. Esta disposición apunta a reforzar el carácter ejemplificador del fallo y a subrayar la relevancia del cumplimiento de las normas de tránsito y de seguridad laboral, especialmente cuando se transportan personas en zonas no habilitadas del vehículo.
El tribunal también ordenó el secuestro del camión involucrado en el siniestro, una medida frecuente en causas de esta naturaleza que permite resguardar pruebas, evaluar el estado del rodado y, eventualmente, disponer sobre su destino en el marco del proceso judicial.
Otra decisión destacada fue la instrucción de registrar la sentencia en el Banco Nacional de Datos Genéticos, según lo informado oficialmente. Este tipo de inscripción contribuye a mantener un seguimiento de las personas condenadas en distintos expedientes y fortalece los mecanismos institucionales de control y trazabilidad judicial.
Responsabilidad y seguridad en el transporte de cargas
El caso reabre el debate sobre la seguridad en el transporte de cargas y el traslado de trabajadores en condiciones precarias. La circulación de personas en la caja de camiones o utilitarios, práctica aún habitual en algunos rubros, implica un riesgo elevado y está alcanzada por normas de tránsito que la restringen o prohíben, precisamente para evitar tragedias como la ocurrida en Salta.
Especialistas en seguridad vial recuerdan que, más allá de la responsabilidad penal del conductor, los empleadores y las empresas de transporte tienen la obligación de garantizar que los traslados se realicen con las medidas de protección adecuadas. Cinturones, cabinas acondicionadas y protocolos de carga y descarga son herramientas clave para reducir la siniestralidad.
Con esta condena, la Justicia salteña sienta un nuevo antecedente en materia de homicidio culposo vinculado a la actividad laboral y al transporte de personas en camiones. El caso, además, funciona como un llamado de atención para choferes, empresas y organismos de control, en un contexto en el que la siniestralidad vial sigue siendo una de las principales causas de muerte evitable en la Argentina.
Fuente del El Norte