La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad avanzar con el juicio político contra el ahora ex mandatario. Esta tarde el Senado sesionará para definir si acepta la renuncia o si debate el “impeachment” tras el cierre del banco en el que casi tres millones de ahorristas tienen congelados sus fondos
Santiago Peña, anunció este miércoles su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio de la crisis por la intervención de Ueno Bank y antes de que el Congreso debatiera un pedido de juicio político en su contra. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, afirmó.
A través de un video en su cuenta de la red social X, Peña sostuvo que su salida busca preservar “la estabilidad”, “la paz social” y las instituciones democráticas del país. “Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, dijo el ahora exmandatario, quien pidió disculpas a la ciudadanía si en algún momento falló a la confianza recibida.
El discurso puso el foco en los ahorristas afectados por la situación de Ueno. “Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, expresó. También reclamó que el Fondo de Garantía de Depósitos asegure la devolución de los recursos y la protección de los fondos públicos. La entidad tiene cerca de 3 millones de clientes y administraba entre USD 800 millones y USD 850 millones de dinero estatal, según Associated Press.
La renuncia llega después de que legisladores opositores y disidentes del oficialismo presentaran una acusación para destituirlo, con cuestionamientos por sus vínculos previos con el grupo controlador de Ueno. “Ninguna persona está por encima del Paraguay”, concluyó Peña en su mensaje, con un llamado a respetar la democracia y superar la crisis institucional.
El golpe final que precipitó la decisión de Peña lo dio Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quien anunció que el Partido Colorado acompañaría el juicio político contra Peña.
“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, escribió Cartes en su cuenta de la red social X.
En el mismo mensaje, el exmandatario confirmó el respaldo de la bancada oficialista al pedido de destitución: “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.
El pronunciamiento adquirió una dimensión política especial: fue Cartes quien impulsó la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y quien controla la estructura del Partido Colorado.
El juicio político había sido presentado por 35 legisladores
Un grupo de diputados opositores y disidentes del oficialismo presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados un libelo acusatorio contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, amparado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya.
El documento llevó 35 firmas, entre ellas las de los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, quienes solicitaron convocar a una sesión extraordinaria para este jueves.
Para que la acusación avanzara al Senado, los impulsores debían reunir 53 apoyos sobre un total de 80 legisladores —una mayoría calificada de dos tercios—. En la Cámara Alta se requería luego el voto favorable de 30 de los 45 senadores para declarar culpables a los mandatarios y abrir la puerta a su destitución.
El diputado colorado disidente Mauricio Espínola, de la facción Añeteté, fue uno de los primeros en sumarse a las firmas del libelo y advirtió sobre el costo político de la crisis: “Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la república en el 2028”, había declarado en referencia a las próximas elecciones presidenciales.
El Banco Central cerró el Ueno Bank tras detectar que su solvencia cayó a menos de la mitad del mínimo exigido
La crisis se desencadenó el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución del Ueno Bank al comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido.
La entidad concentraba cerca de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, y sus depósitos incluían unos USD 850 millones en fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).
Tras el anuncio, se formaron largas filas frente a las sucursales y la capital, Asunción, fue escenario de protestas nocturnas.
El BCP informó que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos USD 1.675) en la brevedad, con un tope de cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de 75 salarios mínimos por persona.
Peña promulgó una ley de emergencia
En respuesta a la crisis, el Congreso aprobó en tiempo récord una norma de emergencia que Peña promulgó este miércoles. La ley establece un anticipo del FGD: cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales —equivalentes a 121,7 millones de guaraníes (unos USD 19.787)— en un plazo máximo de cinco días hábiles desde su entrada en vigor.
“A todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés”, publicó Peña en X.
En paralelo, designó al economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del BCP, cargo que quedó vacante tras la renuncia de Carlos Carvallo, quien antes de llegar al banco central en 2023 había dirigido la Financiera Ueno, entidad que dio origen al banco intervenido. El nombramiento deberá ser ratificado por el Senado.
La Fiscalía pidió prisión preventiva para el fundador del banco y acusó a 27 personas
En el plano judicial, la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras vinculadas a operaciones realizadas entre 2025 y 2026, mediante las cuales se otorgaron préstamos y sobregiros a empresas del mismo grupo económico en condiciones que, según el Ministerio Público, no se ajustaban a los parámetros habituales de evaluación de riesgo crediticio.
El mayor accionista y uno de los fundadores de la entidad, Miguel Vásquez, compareció junto a otros siete directivos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para el resto de los ejecutivos. Los funcionarios fueron trasladados esposados, con el rostro cubierto y vistiendo chalecos antibalas, ante la presencia de manifestantes que los increpaban a las afueras de la sede fiscal.