La Vicepresidente dijo que irá a la Justicia porque “todos los montoneros deben estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación”. En Casa Rosada se desmarcaron de esa idea. Ocurre en plena polémica por la visita de un grupo de libertarios a represores presos.
El gobierno de Javier Milei tomó distancia de la promesa que hizo la vicepresidente Victoria Villarruel de promover la reapertura de las causas por crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras en los años 70, en el marco de un acto en el Senado convocado en el marco del Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, que se conmemora todos los 21 de agosto.
Villarruel habló en un homenaje emotivo, donde disertaron víctimas que plantearon que hasta ahora no eran escuchadas o no tenían un reconocimiento por parte del Estado similar al que tuvieron aquellas personas que fueron blanco del terrorismo de Estado. Fueron testimonios cargados de dolor y tristeza, no sólo por la ausencia, sino por la indiferencia que sintieron las últimas décadas y la impunidad por esos crímenes. Un evento en el que, sin embargo, se evitó pronunciar una condena a los innegables delitos de lesa humanidad perpetrados en los años de plomo por uniformados.
Más allá de las intenciones de la vicepresidente, el acto ocurrió también en momentos en que el Congreso está sacudido por las consecuencias políticas de la reunión que organizaron un grupo de diputados libertarios en la cárcel de Ezeiza, con ex militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre ellos Alfredo Astiz. Ese tema es uno de los tantos que diferencian a Villarruel de Milei y que trae al centro de la escena una controversia de la que el Presidente se quiere mantener lejos: los años 70 y la dictadura. “Esa no es mi agenda”, aclaró Milei días atrás.
"Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años (...) Argentina, nuestra Patria adorada, para que pueda vivir su aurora, su renacer con justicia debe hacerlo solo con este valor. Para ello, todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Sólo con los asesinos en las cárceles podremos, en la unidad y el deber cumplido, poner a nuestra amada Argentina de pie”, manifestó Villarruel.
Esas palabras fueron pronunciadas en el final del acto que se realizó en el Salón Azul de la Cámara alta junto a víctimas de atentados terroristas cometidos por la guerrilla, pero también con familiares de fallecidos en la AMIA. Desde el entorno de la vicepresidente aclararon que el planteo fue realizado motu proprio y “no compromete al presidente ni al gobierno”.
Villarruel habló después de Claudia Rucci, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado e hija de José Ignacio Rucci, asesinado por Montoneros en 1973, en pleno gobierno peronista; de Gloria Paulik, hija del sargento Paulik, asesinado por la bomba que estalló en el comedor de Superintendencia de la Policía Federal; y de Luis Czyzewsli, padre de Paola, víctima del atentado terrorista contra la AMIA. Los tres dieron conmovedores discursos.
También estuvieron en primera fila Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, hijos de dos coroneles que fueron asesinados en los 70 por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y que ahora son funcionarios del área de derechos humanos del Ministerio de Defensa. Además, en un lugar destacado estuvo el escritor, periodista y funcionario del gobierno Juan Bautista “Tata” Yofre.
Por el Senado, concurrieron el presidente provisional, Bartolomé Abdala, Francisco Paoltroni, Ivanna Arrascaeta y Carmen Álvarez Rivero, el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, y la secretaria administrativa, María Laura Izzo. También se lo vio, entre otros, al presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits.
La posición del Gobierno
Ante una consulta de Infobae sobre esa fuerte declaración de la vicepresidente acerca de los 70, en Casa Rosada tomaron distancia. “No es un tema nuestro”, respondieron fuentes inobjetables del oficialismo y confirmaron que ni desde el Ministerio de Justicia, como tampoco desde ninguna otra área del Ejecutivo está bajo análisis o en estudio avanzar con presentación o reclamo alguno ante los tribunales que tiene causas sobre delitos cometidos en los 70 por organizaciones armadas.
De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, Villarruel va a impulsar presentaciones ante la Justicia junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) -organismo que fundó en 2006 y aún preside- con “el objetivo de hacer visibles a las víctimas, trabajar por el reconocimiento de sus derechos y aportar nuestro esfuerzo en pos de la verdad histórica”.
“Las víctimas inocentes de la violencia armada desplegada por el terrorismo de las organizaciones guerrilleras que hicieron la guerra revolucionaria en Argentina no han tenido ni tienen en Argentina, Justicia, Verdad, Reparación y Paz. Solo un deliberado olvido, un cómplice silencio y un injustificable abandono”, indica entre sus principios esa ONG, que apareció como la contracara del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que defendía a las víctimas del terrorismo de Estado.
Son palabras que no difieren con las pronunciadas la noche del martes. “Lo que estamos compartiendo era impensado hace 20 años. Que hoy estemos homenajeando a las víctimas del terrorismo parecía algo imposible en un país donde desde el Estado se ensalzaba, vanagloriaba y elevaban los crímenes atroces del terrorismo. Parecía utópico que hubiera resquicios de la luz de la verdad. En la muralla de la oscuridad pestilente que construyó el kirchnerismo sobre la década más dolorosa de nuestra historia. Era francamente peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner”, manifestó Villarruel en el inicio de su discurso.
Es una frase que si se quiere resignificó a otra que difundió antes Cristina Fernández de Kirchner: “Pericia psiquiátrica les vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”, lanzó la ex vicepresidente, como cortafuegos para aquellos dirigentes del PJ que le estuvieron enviando señales de amistad política.
