Uno de los delincuentes acumulaba 8 causas penales, otro está acusado por intento de violación y un tercero por robo agravado. “Los resultados de la primera etapa de la auditoría son inquietantes”, aseguraron desde la Agencia Nacional de Discapacidad. “Los parásitos cayeron en su propia trampa” dijo Manuel Adorni
Catorce delincuentes prófugos de la justicia, varios de ellos muy peligrosos, y que cobraban una pensión no contributiva por invalidez laboral, fueron detenidos en los últimos días a través de un operativo conjunto instrumentado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnuolo; y el Ministerio de Seguridad de la Nación, que comanda Patricia Bullrich. Se trata de beneficiarios de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Entre las personas detenidas había acusados por robo agravado, intento de violación y robo agravado, entre otros delitos graves. Uno de ellos acumula ocho causas.
El dato de los prófugos que cobraban el beneficio que otorga el Ministerio de Salud, a través de la ANDIS surgió en las auditorías sobre las más de 1.250.000 personas beneficiadas con pensiones no contributivas por discapacidad laboral impulsadas por Spagnuolo.
Los primeros distritos compulsados son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Las auditorías -en pleno proceso- ya revelan “un esquema de corrupción a través del cual se desvían fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”, según la evaluación que realizó el abogado Spagnuolo.
El cruce de datos, a través del cual se detectaron que 131 prófugos cobraban la pensión no contributiva, se realizó entre ANDIS y el Ministerio de Seguridad, se articuló con el Ministerio de Justicia, y, según explicaron a este medio desde el Ministerio de Salud: “Las citaciones, para no quitarle precisión ni formalidad se hizo por la vía legal únicamente: carta documento a los domicilios para citarlos a la auditoría médica como corresponde para sostener el beneficio”. Se los convocó entre el lunes 21 y el martes 22 a las instalaciones de la institución.
Nuevos requisitos
El Gobierno de La Libertad Avanza, a través de la ANDIS publicó en el Boletín Oficial el Decreto 843/2024, en el que se dispone una batería de cambios para “acceder y mantener” la Pensión “No Contributiva por Invalidez Laboral”, con el propósito de ordenar los criterios de acceso y dar fin a un sistema que utilizó los recursos del Estado para el clientelismo político, perjudicando a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad “sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, e imposibilitada para trabajar”. Con la nueva normativa, el Ministerio de Salud, del cual depende la ANDIS, dio marcha atrás con las “flexibilizaciones” introducidas por el gobierno de Alberto Fernández en 2023, y que, según la interpretación de la Casa Rosada, dio lugar a “usos y abusos” que permitieron otorgar ese beneficio —que puede llegar a un máximo del 70% de una jubilación mínima— a personas que no tenían ningún tipo de dolencia.
Según el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex ministro de Salud Mario Antonio Russo, -fue reemplazado por Mario Lugones- la nueva normativa “representa un esfuerzo significativo del gobierno por restaurar la confianza en el sistema de pensiones y garantizar que los recursos lleguen a aquellos que realmente los necesitan”.
La nueva norma establece que solo aquellas personas imposibilitadas para trabajar en forma total y permanente, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y sin vínculo laboral formal podrán acceder a la pensión. Para las autoridades de la ANDIS: “Esta medida es crucial para combatir el fraude y asegurar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan, en un esfuerzo por mantener la integridad del sistema”. A partir del decreto publicado, los solicitantes de pensiones no contributivas en Argentina deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad y demostrar residencia en el país. Para naturalizados, se exige una residencia mínima de tres años; para extranjeros, diez años. Si el solicitante es menor de 18 años, sus padres deben tener tres años de residencia.
- No se permite tener empleo formal ni ser titular de otras prestaciones. Para menores de edad, no debe haber parientes con obligación legal de alimentarlos, a menos que estén imposibilitados de hacerlo. También se excluye la posibilidad de contar con cónyuges o parientes que puedan brindar atención alimentaria con ingresos suficientes.
- Las pensiones no son compatibles con la titularidad de bienes. La Agencia Nacional de Discapacidad determinará los criterios socioeconómicos necesarios para verificar este requisito.
- Los titulares de pensiones no pueden estar detenidos ni a disposición de la justicia.
“En un contexto de austeridad fiscal”, desde La Libertad Avanza se enfatiza en “la necesidad de administrar eficientemente los recursos públicos”. Y destacan: “Esta estrategia no solo busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y con una situación de salud desfavorable, sino también garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo”.
Desde la publicación de la nueva normativa y las disposiciones de la autoridades de La Libertad Avanza, las pensiones estarán sujetas a revisiones médicas y socioeconómicas. Para Spagnuolo: “Este enfoque proactivo permitirá identificar y corregir irregularidades, asegurando que los fondos se utilicen de manera adecuada y que las personas que realmente requieren apoyo reciban la atención que necesitan”.
Entre los puntos más destacados, los funcionarios nacionales derogaron “los decretos que habían flexibilizado discrecionalmente los criterios de acceso a la pensión, volviendo a los lineamientos originales, al núcleo duro y fundamental de la ley”. En el artículo 1° se establece que para acceder a la pensión se requiere “incapacidad total y permanente” y detalla que: “Se presume que la incapacidad es total si hay una disminución del 66% o más en la capacidad laboral. Se requiere de Certificado Médico Oficial (CMO) y documentación médica de respaldo”.
El Decreto 843/2024 argumenta que las flexibilizaciones introducidas por la gestión del Frente de Todos “además de desvirtuar la esencia de la pensión concebida en la ley mencionada, generan el efecto opuesto al pretendido, al convalidar, en forma generalizada y sin recaudo alguno, la utilización de fondos destinados a quienes por su incapacidad se ven imposibilitados para trabajar, en personas que no presentan tal condición, dilapidando con ello los recursos del Estado”.
Fuente: Infobae
