A un día de la marcha universitaria, el Gobierno denuncia falta de control y anticipa veto a la Ley de Financiamiento

El vocero presidencial dijo que “llamativamente” hay un 38,4% de alumnos inscriptos que no se sabe qué hacen en la facultad. Además, cuestionó: “No es justo que una familia que se encuentra bajo la línea de la pobreza subsidie a quienes van a hacer política a la universidad”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, renovó hoy las críticas del Gobierno a las universidades nacionales, a pocas horas de una nueva movilización en reclamo de mayor presupuesto que, se prevé, será multitudinaria. Y ratificó que la decisión del presidente Javier Milei es vetar la ley de financiamiento educativo.
Entre otras cosas, el funcionario cuestionó que hay un 38,4% de alumnos inscriptos que no se sabe qué hacen en la facultad, dijo que hay programas de estudios que no se actualizan hace tres décadas y puntualizó: “No es justo que una familia que se encuentra bajo la línea de la pobreza subsidie a quienes van a hacer política a la universidad”.
“El Gobierno no está en contra del reclamo, estamos en contra de que el Congreso sancione leyes sin partida presupuestaria, leyes que no puedan financiarse”, planteó Adorni en el marco de su habitual conferencia de prensa. En esta línea, instó a los legisladores que voten a favor de la iniciativa a que fundamenten “de donde sacan el dinero para ejecutar el aumento que proponen”.
El funcionario nacional, además, enumeró que el ministerio de Capital Humano “hizo todos los esfuerzos para mejorar los salarios de los docentes y no docentes; se ofreció un incremento salarial del 6.8% por encima de la inflación y se ancló el salario de los docentes con la administración pública para que cobren en tiempo y forma”.
“Los recursos se enviaron, lo que falta saber en qué se utilizaron: en el caso de la UBA, el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no fueron rendidos”, señaló Adorni, y agregó: “Del total de estudiantes registrados en 2022, un total 1.749.136 estudiantes, sólo el 40.6% es alumno regular, y el 20% tenía solo una materia aprobada o ninguna, y hay un llamativo 38.4% de alumnos sobre los que no se tiene información”.
Además, el vocero presidencial recordó que el 21.8% de los estudiantes de medicina es extranjero. “Otro costo exorbitante que en algún momento tenemos que debatir”, aseguró.
“Hay intereses políticos de golpear en este momento”
Por su lado, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación cuestionó la movilización y señaló que “se está construyendo entre el radicalismo universitario y el kirchnerismo una nueva unidad política”, que se ve apalancada por las demandas de las universidades.
“El propio vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (Emiliano Yacobitti) dijo que estaban construyendo espacio político de centro. Está bueno que digan qué quieren hacer. Para nosotros no se gobierna con las marchas, para eso se hacen las elecciones. No es algo que se tome en cuenta para tomar decisiones”, aseguró el funcionario en declaraciones a radio La Red.
“Las movilizaciones son legítimas, pero las causas se han politizado de una manera tan grande que ya es una marcha opositora que contiene a todo el reclamo opositor, que es legítimo”, insistió.
En cuanto a la calidad de la educación superior, Álvarez defendió el nivel de los egresados universitarios y afirmó que “todavía nuestras universidades tienen un nivel bastante aceptable, no estamos en una crisis desde el punto de vista académico”. Y aclaró que el Gobierno “protege y cuida la universidad pública”. “Lo que decimos es que hay que esperar que la economía y las cuentas públicas se recuperen. El año que viene podremos hacer un proceso paulatino de recuperación”, subrayó.
La controversia sobre los alumnos inscriptos
En plena disputa con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los sindicatos universitarios, Álvarez cuestionó la “inconsistencia de los datos oficiales” para evaluar el desempeño de las altas casas de estudio. Según el subsecretario, de los 1.700.000 estudiantes universitarios en todo el país, “unos 600.000 no tienen datos registrados”.
“Pedí los datos discriminados por universidad. La UBA tiene sobre 320 mil alumnos, y hay 80 mil sin datos. Y no es la que peor situación está. Tenemos todos los alumnos documentados, pero no sabemos cuántas materias tienen aprobadas, está todo en blanco. No tienen actividad cargada, esto hay que explicarlo, es un problema con el sistema que está generalizado”, explicó el funcionario.
Sobre la evolución de la matrícula y la tasa de graduación, Álvarez precisó que, aunque la matrícula universitaria ha crecido un 40% en los últimos 10 años, el porcentaje de graduados se ha mantenido estable. “Si ingresa el 40%, por lo menos debería haber crecido el 10% de graduados”, puntualizó. También hizo hincapié en la necesidad de renovar las carreras que quedan obsoletas y ajustar la asignación presupuestaria en función de los estudiantes activos.
Según Álvarez, una de las dificultades en el registro estadístico se arrastra de 2015, cuando “se derogó el artículo 50 de la Ley de Educación Superior, que establecía las condiciones de regularidad para todo el sistema”. “Un alumno tenía como condición una cantidad de aprobación de materias por año. Eso se derogó y pasó a ser la regularidad según lo haga cada universidad”, expresó.
A pesar de la alta conflictividad en las universidades nacionales, el subsecretario señaló “los paros fueron simbólicos” y “no se perdieron días de clase, se pudieron tomar exámenes”. “Dentro de todo, llegamos a un año que está salvado”, concluyó.
El conflicto
Los rectores de las universidades públicas, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con otros organismos que representan a los docentes y no docentes y a agrupaciones estudiantiles, convocaron a una nueva marcha federal universitaria para este miércoles, a las 17. La decisión fue informada luego de que el presidente Javier Milei anunciara que vetará la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso. El veto se publicaría sobre el tiempo límite de lo que establece la Constitución.
El principal reclamo de las universidades es la falta de financiamiento al sistema educativo superior. Frente a esto, el Gobierno emitió un comunicado en el que cuestionó la marcha y alegó: “Estamos a favor de la educación universitaria”.
“Este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, porque los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos”, comienza diciendo el escrito. Por esto mismo, pidió “priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas”.
La movilización fue convocada la semana pasada y, con el correr de los días, fue sumando su apoyo. Incluso, la ex presidenta Cristina Kirchner se sumó a la iniciativa y llamó a la sociedad a marchar mañana. Lo hizo al celebrar el aniversario 35 de la Universidad Nacional de Quilmes, mensaje en el que habló de la situación actual del sistema educativo.
“Su desfinanciamiento significa, sin lugar a dudas, clausurar la idea del progreso y la movilidad social ascendente, que caracterizaron a una Argentina donde el hijo o la hija de un trabajador podía ser presidente o presidenta. Sé de lo que estoy hablando, sé que es verdad porque soy un testimonio de esa Patria que tanto añoramos”, expresó.