Tras los recientes allanamientos en distintos puntos del país a centros de fertilidad, escribanías, sanatorios y estudios de abogados en el marco de una investigación judicial por subrogación de vientres en Argentina que incluyen “Tours reproductivos”, que involucran a una organización internacional dedicada a la explotación de mujeres gestantes y comercialización de bebés, Nuevo Diario dialogó sobre el tema con Isabel Soria, titular de la Fundación Volviendo a Casa, quien apuntó a estos hechos como una forma más de explotación de mujeres vulnerables.
En ese sentido, Soria señaló la complejidad del tema y las preocupaciones éticas y legales que se desprenden en su análisis: “la subrogación de vientres es una forma de explotación de mujeres vulnerables. Esto es considerado como una falta de respeto hacia la autonomía y dignidad de las mujeres, ya que se les ofrece una cantidad de dinero para que cedan su cuerpo y su salud”, sostuvo la referente social. Estas declaraciones se enmarcan dentro de las consideraciones del Ministerio Público Fiscal sobre estos casos que conmocionaron al país durante los últimos días, al mismo tiempo que se enfrentan a un vacío legal en cuanto a la subrogación de vientres.
Es trata de personas
No obstante, los hechos investigados y denunciados se encuadran dentro de la figura penal contemplada en el artículo 145 bis del Código Penal (CP) para el delito de trata, en tanto que las personas investigadas habrían desplegado con habitualidad “un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de carencia económica, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre”, delito previsto en el artículo 140 del CP y en el inciso “a” del artículo 2 de la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, mediante la práctica de gestación por sustitución, a cambio de una contraprestación económica y en algunos casos poniendo en riesgo su salud, todo ello con el propósito de obtener cuantiosas ganancias económicas.
“Esta práctica puede tener consecuencias físicas y emocionales negativas para las mujeres y la falta de regulación y supervisión adecuada puede llevar a situaciones en las que las mujeres no reciben la atención médica necesaria ni el apoyo emocional requerido”, alertó Soria.
Los hechos denunciados
Se trata de hechos no aislados que, a partir de la investigación de la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, en distintos puntos del país, como Buenos Aires y Santa Fe; quedó al descubierto que se trataría de una mecánica empresarial, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de ‘gestación por sustitución’ y encendieron las alarmas sobre la posibilidad de que estas redes se hayan extendido en el país, sobre todo en lugares donde la pobreza es crítica. De este modo, desde el Ministerio Público Fiscal, se investiga a personas e instituciones que ofrecían a parejas extranjeras con dificultades para tener hijos, un “servicio” para gestar un bebé y entregarlo a cambio de 50.000 dólares. La red denunciada se dedicaba a captar madres gestantes -mujeres vulnerables- a las que les ofrecían 10.000 dólares. La causa se inició por una mujer alemana de 58 años que se presentó en un hospital de la ciudad de Bonn con una beba de tres meses en pésimas condiciones de salud y nacida en Argentina.
“Otra cuestión importante es la comercialización de los niños y niñas nacidos a través de esta práctica. La compra y venta de seres humanos es un delito grave que atenta contra la dignidad y los derechos humanos”, sostuvo la presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, que recordó que este trato implica su reducción a una situación equivalente a la esclavitud (artículo 140 del CP).
“Es importante destacar que la subrogación de vientres no es una solución para la infertilidad, sino más bien una forma de explotación que aprovecha la vulnerabilidad de las mujeres y la desigualdad económica”, dijo apuntando al sistema de reclutamiento de las gestantes, consistente en que las empresas contactan a mujeres a través de redes sociales y, aprovechando sus necesidades socioeconómicas, les ofrecen una suma de dinero en dólares por llevar adelante la gestación, monto de dinero al que sumaban un ‘plus’ si el parto fuera por cesárea.
