Los recientes fallos contra intendentes salteños por gestiones marcadas por hechos de corrupción, junto con otros que pronto enfrentarán juicios, reavivaron el malestar y las críticas de la sociedad. Sin embargo, lejos de causar sorpresa, estos escándalos parecen volverse parte del paisaje político de la provincia, donde los ciudadanos se acostumbran a ver cómo algunos jefes comunales, acusados de delitos graves, pasan de la precariedad a la opulencia mientras sus municipios quedan sumidos en el abandono.
En los últimos 12 años, al menos 14 intendentes fueron investigados, procesados, juzgados y, en varios casos, condenados por diversas causas, en las que el peculado y el enriquecimiento ilícito son recurrentes. Además, algunos enfrentaron cargos aún más graves, relacionados con corrupción de menores y trata de personas.
Mañana dará inicio el juicio en la causa que se sigue contra el exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, acusado como presunto autor del delito de peculado. Había asumido en ese cargo en 2007.
El debate fue fijado para tres jornadas y se desarrollará en la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal. El tribunal colegiado estará presidido por la jueza Soledad Rodríguez e integrado por los magistrados Ricardo Martoccia y Reinaldo Burgos.
Villalba enfrentará este proceso judicial a raíz de denuncias relacionadas con el manejo administrativo y financiero de los fondos públicos durante su gestión.
La causa contra Villalba fue impulsada por el Concejo Deliberante anterior, a partir de un lapidario informe de la Auditoría General de la Provincia que determinó que, en sus seis años al frente del municipio fronterizo, el exintendente hizo uso y abuso de los fondos públicos. La auditoría detectó más de un centenar de irregularidades en el manejo administrativo y financiero de la Municipalidad, con un faltante en efectivo de alrededor de 16 millones de pesos.
El escándalo que marcó su caída
En agosto de 2013, la carrera política de Villalba ya había colapsado tras un escándalo de repercusión nacional. Fue sorprendido por Gendarmería Nacional en un cabaret donde se explotaba a mujeres en situación de trata. Testigos aseguraron que el entonces intendente se escondió desnudo en un baño al notar la presencia de los efectivos. En un trámite exprés, la Legislatura provincial intervino la intendencia y destituyó a Villalba.
Más de una década después de su destitución, Villalba se enfrenta finalmente a la Justicia. El juicio por peculado analizará los manejos irregulares de su administración y determinará si debe rendir cuentas por los millonarios faltantes detectados durante su gestión.
Negociaciones incompatibles
Hace cuatro días, en juicio abreviado, Juan Rosario "Chicho" Mazzone (73), exintendente de la localidad de El Bordo, y su hijo César Daniel Mazzone (46), fueron condenados por la jueza Norma Vera a un año de prisión condicional por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El primero, en calidad de autor, además de inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos y, el segundo, como partícipe necesario.
Se constató que, durante su gestión como intendente de El Bordo, Mazzone había contratado una máquina excavadora de su hijo para la ejecución de una obra municipal.
Mazzone padre ya había sido condenado el 17 de febrero de 2017 por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por resultar autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores. Es que en 2015, habían aparecido fotos suyas vestido solo con un slip junto a dos chicas de 15 y 17 años de edad que se retrataron en ropa interior en su residencia.
En tanto, Miguel Atta Gerala, exintendente de Coronel Juan Solá, (Morillo) detenido con prisión domiciliaria por el robo de rieles del ferrocarril en una causa federal, tenía que enfrentar un juicio en el fuero local, en diciembre pasado, por el presunto delito de peculado. Había sido denunciado por la exintedenta de Morillo, Marcela Carbajal. Sin embargo, la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal suspendió el inicio del debate.
El exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, el juez Claudio Parisi y el abogado Roberto Ortega Serrano fueron imputados el 19 de septiembre de 2024 por filtrar información confidencial sobre la causa por el homicidio de César "Oreja" Martínez, hermano del exjefe comunal, asesinado a tiros el 12 de noviembre de 2023 en Orán. La víctima cumplía arresto domiciliario por tentativa de femicidio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Carlos Martínez fue detenido el 24 de septiembre tras entregarse y obtuvo prisión domiciliaria el 10 de octubre. Sin embargo, días después, el juez Raúl López revocó el beneficio al detectar que recibía visitas constantes, incluso de madrugada en su casa. Ante esto, fue trasladado a dependencias de Infantería.
Otro de los mayores escándalos de corrupción en Salta ocurrió en 2020 con el exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, condenado por el robo y venta ilegal de 228 caños del Gasoducto NEA, valuados en más de 13 millones de dólares.
El 2 de diciembre de 2021, un tribunal federal le impuso 6 años y 6 meses de prisión por robo agravado, sentencia que fue confirmada por la Cámara de Casación Penal. La investigación, iniciada a principios de 2020, estuvo a cargo de una comisión especial liderada por el fiscal Eduardo Villalba.
Julio Jalit, actual intendente de Pichanal, fue denunciado por enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública y contaminación ambiental, entre otros delitos. En octubre de 2023, su causa fue elevada a juicio, aún permanece sin fecha.
En tanto, Sergio "Topo" Ramos, intendente de Rosario de Lerma, está imputado por peculado por el desvío de fondos en 2013 destinados a viviendas que nunca se construyeron. En mayo de 2024, se solicitó juicio en su contra.
Rubén Méndez, exintendente de Salvador Mazza, imputado por peculado, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. En 2021, tras allanamientos, le incautaron más de 850 mil dólares, euros, pesos, vehículos de lujo y armas. Su causa fue elevada a juicio en julio de 2023.
Rita Carreras, exintendenta de Coronel Moldes está acusada de peculado y fraude a la administración pública por vender bienes municipales a precios irrisorios y desviar fondos. Su juicio fue solicitado en mayo de 2022.
En el caso de los exintedentes condenados, está Alfredo Soto, exintendente de Iruya, condenado en marzo de 2024 a cuatro años de prisión efectiva por peculado. Se probó que cobró cheques municipales por casi un millón de pesos el último día de su gestión.
Ernesto "Kila" Gonza, exintendente de San Lorenzo, en 2022, fue condenado a 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua.
Condenados durante 2023
Los siguientes exintendentes recibieron estas condenas por peculado durante el año 2023:
- Manuel Cornejo (Campo Quijano): a 6 años de prisión, también por malversación de fondos públicos.
- Angelina Canchi (Isla de Cañas): a 4 años de prisión efectiva, también por fraude y usurpación de cargo.
- Eduardo Díaz (Angastaco): a 3 años de prisión condicional
El Tribuno
