Muratore no puede acercarse a menos de 200 metros del Mercado San Miguel

Estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes, protegiendo la integridad del Mercado San Miguel y garantizando la seguridad en el área.
El exadministrador del Mercado San Miguel, José Pepe Muratore, fue restringido de acercarse a menos de 200 metros del emblemático establecimiento salteño. La decisión surge tras una denuncia presentada por la Municipalidad de Salta, en la que se lo acusa de interrumpir un acto funcional y resistirse a la autoridad.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, presentó ante el Juzgado de Garantías una solicitud para adoptar medidas cautelares que buscan preservar el orden público y la seguridad en el mercado. Entre las disposiciones, además de la prohibición de acercamiento, se incluyen otras restricciones estrictas:
Protección de documentación: Muratore no podrá retirar, alterar ni suprimir documentos, registros o bases de datos relacionadas con el mercado y otras concesiones municipales.
Notificación formal: Las medidas serán comunicadas en su domicilio personal o laboral, dejando constancia de la recepción y firma.
Desalojo inmediato: En caso de que Muratore sea localizado dentro del mercado o sus inmediaciones, deberá ser conducido fuera del predio con intervención policial.
Prohibición de violencia: Se le prohíbe realizar actos de violencia física o psicológica contra autoridades municipales, personal administrativo o de seguridad del lugar.
El fiscal Ramos Ossorio enfatizó que estas medidas son fundamentales para garantizar la normalidad en el funcionamiento del mercado y proteger los intereses de la Municipalidad y de los trabajadores del lugar.
El Mercado San Miguel, como uno de los puntos más significativos de la vida comercial y cultural de Salta, ha sido escenario de tensiones en los últimos días debido a que Muratore no quería dejar su puesto de administrador. Estas disposiciones buscan evitar nuevos conflictos y preservar la seguridad de todos los involucrados.
El Juzgado de Garantías deberá ahora resolver si aprueba en su totalidad las medidas cautelares solicitadas, sentando un precedente importante en la gestión de este tipo de conflictos administrativos en la Ciudad de Salta.